La limitada repercusión real de las Normas do Hábitat en la pretendida mejora de las calidades y la confortabilidad de las viviendas que se construyen en Galicia entraba en los cálculos del sector sobre el ambicioso reglamento que aprobó el bipartito. Los promotores se aplicaron en boicotear el decreto con un acopio masivo de visados que intensificaron en las semanas previas a su entrada en vigor, en abril del 2008. La estrategia funcionó, y la inmensa mayoría de los pisos que se están edificando siguen los parámetros constructivos de la normativa de 1992. El cumplimiento de las exigencias que el Gobierno de Feijoo revisará a la baja se concentra en las viviendas de protección y, en menor medida, en los chalés unifamiliares. Los constructores esquivan un decreto que los particulares se ven abocados a respetar.
Mientras la nueva Xunta negocia la modificación del catálogo que aprobó el Ejecutivo anterior, la edificación en Galicia responde a dos modelos constructivos con criterios dispares en cuanto a la calidad y las prestaciones de las viviendas. Las de régimen libre, que son ocho de cada diez, siguen las reglas de 1992, con puertas de 70 centímetros de ancho y 2 metros de altura, y techos a 2,50 metros, entre otras medidas. Las protegidas deben construirse en cambio con puertas de 80 centímetros de ancho por 2,10 metros de alto, techos a 2,70, habitaciones más espaciosas y edificios con zonas de uso común y provistos de dispositivos de sostenibilidad que van más allá del Código Técnico de Edificación, como el sistema que les permite recoger, reciclar y reutilizar las aguas pluviales y procedentes de los lavabos y duchas. Esa coyuntura multiplica las diferencias de calidad de los pisos protegidos sobre los de régimen libre.
Recorte de precios
El argumento con que la propia Xunta explica la decisión de recortar las normas del bipartito es su supuesta repercusión en el encarecimiento de las viviendas, una idea con la que el Gobierno del PP asume las tesis de los promotores para justificar su rechazo al decreto que promovió el BNG y que, pese al visto bueno entonces del Ejecutivo de coalición, torpedearon los alcaldes socialistas. Y ahí se produce una de las paradojas de la situación. Al final, la estrategia de insumisión desplegada por el sector permite a los promotores reducir costes en la construcción de pisos libres que, por contra, difícilmente pueden ahorrar los particulares que edifican o reforman una vivienda unifamiliar.