El gobierno municipal quiso entonces defender su autonomía local, pero el juzgado le contestó que la diversidad de intereses concurrentes en la ordenación urbanística del territorio hace que esta se constituya en una competencia compartida entre los municipios y la Xunta. La última sentencia del Tribunal Superior de Xustiza, que no ha sido recurrida, data del mes de septiembre del año pasado. Dicho fallo desestima un recurso del Ayuntamiento contra una resolución de la anterior Consellería de Política Territorial que declaró ilegalizables las obras y ordenó su demolición.
La restauración de la legalidad está pendiente desde entonces. El actual alcalde, Alejandro Rodríguez, del PP, trata de retrasar la orden para que la demolición sea una más de todas las que hay pendientes en la provincia: «Son gente trabajadora que crea empleo y no ha venido a Oia a especular».
