La Xunta solicita al Gobierno que retire su recurso contra la norma que legaliza núcleos en la costa
GALICIA
El Gobierno gallego se ha dirigido al Ministerio de Medio Ambiente para pedirle que retire el recurso al Tribunal Constitucional, que ya lo ha admitido a trámite, contra un apartado de la ley impulsada por el bipartito para legalizar la situación de los núcleos rurales excluidos por la Ley de Costas de 1988.
El recurso afecta a la disposición adicional segunda de la Lei de Vivenda, que los tres grupos representados en el Parlamento pactaron para reconocer como suelo urbano los enclaves consolidados anteriores a la norma estatal de 1988, una medida que permitiría superar la situación de incertidumbre jurídica en la que viven núcleos rurales de una decena de municipios costeros: Marín, Redondela, Gondomar, Vilaboa, A Illa de Arousa, Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Dumbría, Ponteceso y Malpica.
El Gobierno central decidió el mes pasado presentar un recurso ante el Constitucional contra esa disposición legislativa, al entender que «contraviene lo establecido por la Ley de Costas». El conflicto estriba en que la norma estatal de Costas prevé que, con carácter general, la zona de servidumbre de protección debe tener una anchura de 100 metros, y que solo «de forma excepcional» esa franja podrá ser de 20 metros. Esa excepción se reduce a los terrenos «que ya estuviesen clasificados como suelo urbano» cuando entró en vigor la Ley de Costas, esto es, antes del 29 de julio de 1988. Pero la norma gallega contempla la extensión de esa situación excepcional a otros supuestos, los de aquellos núcleos que ya existían antes del 29 de julio de 1988, pero que no habían sido reconocidos a tiempo por diferentes razones.