El secretario de Medio Ambiente y Medio Rural del PSOE, Hugo Morán, recordó ayer al PP que «aún debe» a los españoles la asunción de responsabilidades políticas por la «mala gestión» de la crisis del petrolero Prestige . «Los procesos judiciales son para dirimir las responsabilidades civiles y penales, no para convertirse en disculpa de quienes pretenden lavar sus conciencias y eludir responsabilidades políticas», aseguró Morán en un comunicado de prensa.
Según el PP, el reciente auto judicial que avala la gestión del accidente por parte del Gobierno de Aznar deja en evidencia «la gran manipulación y mentira del PSOE y del BNG», y exigió a ambas formaciones políticas que pidan perdón.
El responsable socialista de Medio Ambiente, en cambio, considera que los dirigentes populares «se parapetan ahora tras la misma Justicia a la que un día sí y otro también acusan de conspirar contra el PP». Ningún representante del PSdeG se manifestó ayer sobre el auto que salva la actuación del Gobierno del PP durante el accidente.
El BNG considera que «non é normal ni lóxica» la decisión de la jueza del caso Prestige de levantar la imputación del ex director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, al entender que fue quien tomó decisiones relevantes que determinaron «o resultado final» de la catástrofe.
En una nota de prensa, el diputado electo del BNG Bieito Lobeira anunció que esta fuerza apoyará el recurso que anunció la plataforma Nunca Máis contra la decisión de la jueza. El parlamentario considera que, al margen de las responsabilidades políticas «que foron depuradas no seu momento», el Bloque entiende que sí existen responsabilidades penales por parte del Gobierno español.
Por ello, demandó que «paguen por todo o dano que lle fixeron a Galicia», al tiempo que consideró necesario que los responsables de entonces se sienten en el banquillo de los acusados. Lobeira entiende que un servicio de Salvamento Marítimo «privatizado» cometió durante la catástrofe del petrolero «irregularidades evidentes», como que el remolcador Ría de Vigo retrasara su actuación a la espera de negociar con la casa armadora del Prestige el montante de la operación de remolque.
La organización ecologista Greenpeace tachó ayer de «inadmisibles» las conclusiones del auto de la jueza instructora del caso Prestige . «Es inadmisible que los gestores públicos responsables de la mayor catástrofe ambiental de este país queden libres de cualquier tipo de responsabilidad», afirmó en un comunicado Mario Rodríguez, responsable de Greenpeace España. Por esta razón, los servicios jurídicos de este colectivo se dirigirán en los próximos días a la Fiscalía General del Estado para que recurra el auto «y se pueda corregir este grave error».
La organización ecologista denunció «la actitud errática de la Administración que, alejando el barco, provocó la mayor catástrofe ambiental que ha conocido este país». Los ecologistas asumen que los peritos que tomaron parte en la instrucción judicial «han ratificado que esta decisión era la menos indicada» y que «había sido determinante para que se produjera la mayor marea negra de la historia de España», recordó Rodríguez.