Caride dice que con el compromiso de Xunta y concellos se acaba el «todo vale»

EFE

GALICIA

Los primeros 18 ayuntamientos firmaron hoy su adhesión a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

30 ene 2009 . Actualizado a las 15:39 h.

La conselleira de Política Territorial, María José Caride, dijo que la adhesión a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de los primeros 18 ayuntamientos fija un compromiso entre la Administración autonómica y la local para poner fin al «todo vale» y acabar con la ilegalidades en materia de urbanismo.

Caride presidió esta mañana la firma del convenio entre el director de la Axencia, Hipólito Pérez Novo, y los alcaldes de dieciocho municipio gallegos para su incorporación a este órgano consorciado, encargado de velar por la utilización racional del suelo de acuerdo con la normativa urbanística y de protección del litoral.

En opinión de la titular de la CPTOPT, los alcaldes se sentirán a partir de ahora «menos presionados» en las tareas de inspección urbanística, al contar con el apoyo y asesoramiento de la Administración autonómica.

Con la firma de adhesión a la Axencia los ayuntamientos delegan de forma voluntaria en este ente público sus competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística, respecto de las obras y usos del terreno que se realicen en suelo rústico, en suelo urbanizable, así como en el ámbito de los núcleos rurales delimitados.

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística tiene como cometido la vigilancia del territorio para velar por la utilización racional del suelo, conforme a la utilización del territorio especialmente en la zona rural y la inspección de áreas sensibles como el litoral en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.

El Plan Anual de Inspección Urbanística de la Axencia tiene como objetivos prioritarios realizar labores de vigilancia y control en aquellas zonas de mayor presión urbanística o con mayores valores naturales y ambientales, como es el caso del suelo rústico de especial protección (de costas, de espacios naturales, de aguas y de paisaje).

Asimismo, se extremará la vigilancia en aquellos municipios que tienen su planeamiento suspendido y en los términos municipales limítrofes con las ciudades de más de 50.000 habitantes y que sufren una mayor presión urbanística.

Para llevar a cabo las labores de inspección la Axencia cuenta con un equipo formado por una treintena de subinspectores dedicados exclusivamente al trabajo de campo.

Los ayuntamientos adheridos desde hoy a la Axencia son: A Baña, Ares, Oroso y Val do Dubra (A Coruña); Becerreá, Castroverde y Ribeira de Piquín (Lugo); Carballeda de Avia, Castrelo do Val, Entrimo, Piñor, Verín, Vilardevós y Vilamarín (Ourense), y A Guarda, Moraña, Oia y Pontecesures (Pontevedra).

Otros 18 municipios ya han solicitado la adhesión a la Axencia, que se formalizará una vez que se complete los trámites correspondientes.

En el acto celebrado hoy estaba prevista la asistencia de los alcaldes de los ayuntamientos orensanos de Castrelo de Miño y Gomesende, que por distintos motivos no han podido asistir a la firma del convenio de adhesión a la Axencia.