La asignatura pendiente se complica

Con una fragmentación de la tierra que supera los 12.3 millones de parcelas, la concentración parcelaria en Galicia sigue siendo una asignatura pendiente que, con el paso de los años, resulta cada vez más difícil de aprobar


Cuándo concluirá la concentración parcelaria ha dejado de ser la pregunta esencial de la aldea gallega, medio siglo después del comienzo del proceso de reordenación. Por primera vez desde la llegada a la Xunta de la entente PSdeG-BNG, la Consellería do Medio Rural ha dado a conocer datos oficiales sobre territorio concentrado y la realidad supera lo imaginable: hay menos superficie agrupada hoy que hace ocho años. Las 342.000 hectáreas anunciadas por el Gobierno de Fraga en el año 2000 han encogido hasta las actuales 332.000, y los 298.000 propietarios de entonces son ahora 286.000. Luego ¿cómo se expande el universo gallego? «O que pasou aquí foi que se decretou café para todos e non sei, debeu de producirse un erro na base de datos, démonos conta axiña, ao chegar ao Goberno, de que realmente había 270.000 hectáreas concentradas», precisa Xosé Carballido Presas, director xeral de Estruturas e Infraestruturas Agrarias.

Hechas las correcciones, al equipo de Suárez Canal le salen 733 zonas cerradas con acuerdo firme y más de tres millones de fincas viejas reunidas en 556.000 nuevas parcelas. Quedan pendientes 119.000 propietarios y 157.000 hectáreas repartidas en 1,1 millones de leiras que se reducirán a 214.000. Y eso en tiempo debería equivaler a dos legislaturas, ocho años, o algo menos. «Queremos rematar este período con 100.000 hectáreas, fronte ás 45.000 que se completaron no 2001-2005, pero máis alá non me atrevo a dar prazos», explica Carballido.

Superficie agraria del 25%

Concluirán los procesos actuales y vendrán otros. La fragmentación de la tierra en Galicia alcanza los 12,3 millones de parcelas y la superficie agraria útil (SAU) está muy por debajo de la media española y del resto de los países del entorno, que destinan el 50% de su territorio a prados y labradíos. En Galicia apenas representa el 33%, aunque este porcentaje incluye las 200.000 hectáreas que permanecen abandonadas y la Xunta pretende recuperar. Si no se computa esa bolsa enorme de tierras a monte, la SAU no supera las 735.000 hectáreas, el 25% de la superficie de la comunidad.

Otra cuestión es que el precio de esas fincas se encuentre entre los más elevados de España. Los gallegos accedieron a la propiedad tarde y mal, hubo que redimir foros y la tierra adquirió un valor patrimonial, que inmovilizó el capital como salvaguarda. Eso explica la resistencia a deshacerse de las parcelas, incluso a arrendarlas, y el fondo de muchos episodios vecinales desatados en el pasado alrededor de los marcos.

Con este panorama, cualquier ganadero que necesite ampliar terreno para garantizar la viabilidad de su granja tiene hoy escasas posibilidades de éxito. Otros no disponen de la superficie mínima necesaria para sacar adelante una explotación o ni siquiera pueden acceder a sus propiedades. «A concentración parcelaria ?defiende Carballido Presas? xa non é o único, pero segue a ser un instrumento valioso para resolver a nosa fragmentación e a súas consecuencias no desenvolvemento económico».

La estrategia de Medio Rural da prioridad a los procesos que afectan a tierras de uso agrario, pero mantiene otros que, a pesar de haber perdido su justificación inicial por causas demográficas o de cambio de actividad, se encuentran en una fase tan avanzada que complica su paralización. Es el caso de concentraciones en parroquias próximas a núcleos urbanos donde la lista de ocupados en el sector primario ha desaparecido, pero «xa entraron as máquinas, xa se abriron pistas e xa non hai volta atrás, hai que acabar o empezado». El director xeral de Infraestruturas Agrarias asegura que habrá casos en fases iniciales que no seguirán adelante y que se decretarán zonas nuevas. «O que sempre digo é que se alguén tiña, por dicir algo, 6.000 euros en terras, despois da concentración ese valor é máis alto, e é algo que hai que valorar».

La parcelaria cuesta al Gobierno gallego 45 millones de euros al año, de los que alrededor del 25% proviene del programa europeo Feader. De los 3.000 euros en los que está estimado el coste por hectárea, 2.500 proceden de la red de caminos y el acondicionamiento de las fincas. El plazo de ejecución no tiene por qué superar los seis u ocho años. «Tampouco baixará de aí ?pondera Carballido?, porque polo tipo de propiedade que é hai que dar moitas garantías, e iso implica estudos previos, cartografía, investigación, valoración, fase de exposición pública, alegacións, recursos... e todo con moito diálogo con veciños. E aínda así...».

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