Presidencia sostiene que A Mesa pudo incurrir en un delito por las cartas remitidas a comerciantes
GALICIA
Las cartas amenazantes remitidas a algunos comerciantes coruñeses por A Mesa pola Normalización Lingüística, en las que se daba cuenta de la apertura de un «expediente de queixa por vulneración dos dereitos lingüísticos», pueden acabar convirtiéndose en la prueba de la comisión de un delito. Así lo dio a entender ayer el conselleiro de Presidencia, el socialista José Luis Méndez Romeu, cuyo departamento ya advirtió en octubre a dicha organización de la posible ilegalidad de sus acciones.
Méndez respondió en pleno a una pregunta del diputado popular Carlos Negreira, quien denunció que A Mesa remitió unas 600 cartas de este tipo a los comerciantes y lamentó que una organización que utiliza estos medios coercitivos reciba subvenciones por valor de 500.000 euros de las arcas públicas.
El responsable de Presidencia consideró inaceptable que una entidad de carácter privado «marque a axenda de goberno» en materia lingüística cuando no tiene potestad sancionadora, y recordó que en su comunicación de octubre solicitó a esta organización que se abstuviese de remitir expedientes a los comerciantes con el pretexto de que no usan el gallego, pues argumentó que en caso de persistir en esta actitud A Mesa podría incurrir en una ilegalidad.
El conselleiro abundó en que la apertura de expedientes está reservada por ley a organismos jurisdiccionales o administrativos, por lo que su «simulación» puede asemejarse a figuras delictivas de usurpación de funciones públicas, amenazas o coacciones, motivo por el que este colectivo fue advertido.
En todo caso, Méndez manifestó que los ciudadanos tienen siempre abierto el recurso a los tribunales si consideran que ha habido un delito de coacciones en las comunicaciones remitidas por A Mesa pola Normalización Lingüística.
Subvenciones legales
Méndez pasó de puntillas sobre el asunto de las subvenciones públicas recibidas por A Mesa, cuestión que centró buena parte de la pregunta oral del diputado coruñés Carlos Negreira, y se limitó a decir que dicha organización lingüística está debidamente registrada y, como tal, tiene derecho a percibir ayudas.
Ahora bien, el conselleiro de Presidencia aprovechó el debate generado entre el PP y el Gobierno con la política del gallego como telón de fondo para hacer un llamamiento al grupo de la oposición para retomar el consenso político en esta materia. «Mellor é obviar os debates que non conducen a ningún lugar», puntualizó Méndez Romeu.