La Agencia Española de Protección de Datos acaba de culminar el expediente abierto al Partido Popular por el caso de los falsos voluntarios gallegos que fueron incorporados sin su consentimiento a candidaturas conservadoras del País Vasco en las municipales del 2007. Y lo hace imponiendo a la formación de la gaviota una multa de 60.101,21 euros. El organismo concluye que el PP cometió una infracción grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Al hacerlo, desmonta el argumento esgrimido desde el inicio de la polémica por el partido que lidera Mariano Rajoy, en el sentido de que no existiría responsabilidad alguna imputable a su organización, ni siquiera a la agrupación de O Grove, en cuyo seno se fraguó la controversia. Muy al contrario, la resolución se le comunica a la sede central de los conservadores, en la madrileña calle Génova, indicando que los responsables territoriales del partido son los encargados de la elaboración de las listas.
La agencia entiende que el PP ha infringido, en concreto, el artículo 6.1 de la ley, que dispone que «el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado». Formar parte de una candidatura exige dos pasos inequívocos. Por una parte, la autorización expresa de quienes se ofrecen a ello. Por otra, la identificación de los mismos a través de sus documentos nacionales de identidad, cuyas copias deben figurar en poder del partido en cuestión. Protección de Datos destaca que en ningún momento el PP ha podido «aportar prueba documental que acredite el consentimiento de los denunciantes para que dicho partido pudiera llevar a cabo el mencionado tratamiento de los datos personales». Todo ello, añade la agencia en su argumentación, pese a que indudablemente «corresponde siempre al responsable del tratamiento -en este caso a la formación popular- comprobar que tiene el consentimiento del afectado cuando realiza algún tratamiento con sus datos personales».
Al mismo tiempo, Protección de Datos rechaza las alegaciones presentadas por los conservadores. Los populares pretendían que la entidad paralizase el proceso administrativo en marcha hasta que no estuviesen claras las imputaciones penales que, paralelamente, investiga el juzgado de Cambados. Aunque las pesquisas judiciales efectivamente no han concluido, el organismo estatal entiende que se trata de dos procedimientos distintos. Así, la agencia estudia el tratamiento de unos datos por parte de un ente jurídico, el PP, mientras que la jueza trata de desentrañar la supuesta comisión de delitos electorales y de falsedad documental imputables a personas concretas.