Empresarios vigueses dicen que la imposición del gallego alienta fugas de directivos y compañías


El Club Financiero Vigo (CFV), que agrupa a unas 300 firmas del sur de Galicia con una facturación conjunta de unos 9.000 millones de euros, hizo ayer una reflexión en voz alta sobre las interacciones entre la política lingüística y la competitividad del tejido industrial autonómico, al asegurar que «muchas empresas» se están enfrentando a la dificultad de «retener o contratar» personal cualificado -con hijos en edad escolar- procedente de otras comunidades autónomas o de otros países, ante la imposibilidad de optar en este momento por la enseñanza alternativa en español, y por la obligatoriedad del gallego en, al menos, más del 50% de las asignaturas en las enseñanzas obligatorias y el bachillerato.

Lejos de enviar un mensaje difuso, la junta directiva de la entidad, recogiendo el «sentimiento» de cientos de empresarios, es especialmente contundente en un análisis acerca de cómo está repercutiendo empresarialmente la reglamentación del gallego en la edad escolar. En el texto se explica que «muchos de estos profesionales, ante la tesitura de tener que formar a sus hijos en una lengua que no es la suya y debido a la imposibilidad de hacerlo en español, optan por rechazar su incorporación a las empresas, con el consiguiente perjuicio, muchas veces para la competitividad de las mismas, por tratarse de profesionales de alta cualificación».

Empresarios consultados por La Voz ajenos al CFV sintonizaron de forma inmediata y casi íntegra con un extenso documento aprobado por unanimidad por la junta directiva y respaldada por el 99% de las empresas asociadas a la entidad, según fuentes oficiales del CFV. La entidad advierte sin ambages en la reflexión presentada por el presidente y el director de la entidad, Jaime Borrás y Jesús Bahíllo, respectivamente, que debido a la actual reglamentación lingüística en Galicia también se están dando casos de profesionales que «están abandonando» la comunidad por las mismas razones, y que estos no tienen dificultades para encontrar empleo en otras autonomías de habla castellana. Los casos más próximos citados fueron los de León y Asturias.

El caso catalán

«Se corre el riesgo -añade el CFV- de que algunas grandes corporaciones por las mismas razones, y ante la presión de sus directivos, puedan trasladar sus delegaciones territoriales fuera de las comunidades en las que se aplica esta política». En este sentido, el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), José Manuel Fernández Alvariño, antepuso ser «un defensor del gallego», pero añadió que con la imposición de un idioma sobre otro se «están retrocediendo siglos y siglos». Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresas Metalúrgicas de Galicia, José María Hidalgo, quien enfatizó que habla «el 90% del tiempo en gallego», sintetizó su opinión en que «no debemos cometer el error de Cataluña, porque aquí habían convivido perfectamente castellano y gallego, hasta que desde hace un par de años la enseñanza se impone en gallego».

Como colofón a las numerosas argumentaciones para reclamar un bilingüismo real, el Club Financiero Vigo añade que existen dificultades para las empresas para optar a concursos y ofertas de la Administración y obtener subvenciones si la documentación no se presenta en gallego.

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