Los problemas derivados de la expropiación de viviendas o los daños provocados por las obras públicas estuvieron el año pasado entre los principales quebraderos de cabeza de los gallegos, según se desprende de la memoria presentada ayer por el Valedor do Pobo, Benigno López, que deja entrever que este tipo de quejas ya son las más numerosas, pues crecieron un 266% en el 2007 con respecto al ejercicio precedente. Casos como la macrourbanización de Martinsa-Fadesa en Miño, los trastornos ocasionados por la Ciudad de la Cultura o el vial de Barbanza figuran en un informe que tiene en su punto de mira a dos consellerías: Política Territorial y Vivenda.
En el 2006, las denuncias remitidas al Valedor en relación a las expropiaciones y las obras públicas supusieron el 4,82% (87 quejas), cifra que se triplicó este año hasta representar el 14% (319 expedientes). El espectacular crecimiento de los problemas relacionados con la ocupación forzosa de propiedades permitió incluso que se desplazaran a un segundo lugar los relacionados con la sanidad, el urbanismo, la educación o la Justicia, que solían estar en los puestos de cabeza. En cambio, por cada queja que le llegó al Valedor por la atención sanitaria, se tramitaron dos por las expropiaciones.
Corrección insuficiente
Tras presentar su informe a Dolores Villarino, la presidenta del Parlamento, Benigno López explicó en rueda de prensa los principales aspectos del documento. Así, en el capítulo de las expropiaciones destacó el esfuerzo realizado por el departamento de Política Territorial, que dirige María José Caride, por «corrixir anomalías» en la tramitación de los expedientes y poner al día los pagos, si bien observó que el trabajo desplegado «segue sendo insuficiente», pues la consellería continúa necesitando un tiempo excesivo para resolver cuestiones como los justiprecios.
La fijación del justo valor del bien expropiado, junto a la liquidación de intereses de demora o la enajenación de viviendas de ocupación habitual se cuentan entre las principales causas del malestar ciudadano en este apartado, aunque no siempre la responsabilidad reside en la Xunta. De hecho, el informe remarca que un problema generalizado alude al «atraso na emisión dos informes municipais sobre a cualificación do solo», lo que provoca una demora en cadena en toda la tramitación.
Macrourbanización en Miño
Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de las expropiaciones para promover la macrourbanización de Martinsa-Fadesa en Miño, pues el concello no llegó a remitir «por erro», dice la memoria, varios expedientes al jurado provincial de justiprecios, proceder que corrigió tras la actuación del Valedor. Algo similar ocurrió con otra expropiación para construir el enlace entre el Gaiás y la AP-9, pues el Concello de Santiago demoró 9 meses la emisión de una certificación urbanística, a lo que se sumaron cuatro meses más en la Xunta.
El alto comisionado del Parlamento expresó su preocupación por la frecuencia con que son expropiadas viviendas habituales sin que se respeten «os dereitos de realoxamento e retorno» de sus ocupantes, a la vez que destacó que casi siempre las valoraciones resultan «desproporcionadamente baixas». Por razones de esta índole, el Valedor destacó varias quejas que afectan a Vivenda y a los ayuntamientos de Ferrol y Pontevedra. En muchos casos, las familias fueron desalojadas teniendo que vivir con familiares o de alquiler, porque la Administración incumplió su obligación de facilitarles un nuevo hogar.