El conflicto de competencias que enfrenta de un tiempo a esta parte a determinados jueces centrales de instrucción, magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional con sus colegas periféricos, especialmente con los gallegos, no es nuevo ni es casual, pero ha ido cambiando de signo con el paso del tiempo.
Cuando hace casi veinte años la histórica operación Nécora sacó a la luz la punta del iceberg del narcotráfico y muy especialmente sus ramificaciones gallegas, a nadie se le ocurría cuestionar que la investigación de una delincuencia organizada y globalizada tenía que ser afrontada desde unos órganos judiciales y policiales con competencias en todo el territorio nacional.
Así, los asuntos de narcotráfico dieron a la Audiencia Nacional un protagonismo mediático que nunca tuvo en otros temas de su competencia, como el terrorismo, al menos hasta los trágicos sucesos del 11-M.
Pero ese protagonismo mediático lo fueron acaparando paulatinamente otras causas relacionadas con la justicia universal, como el caso Pinochet, o los genocidios argentino y guatemalteco.
De esta realidad se percataron pronto los servicios policiales implicados en la lucha antidroga que empezaron a canalizar sus investigaciones a través de juzgados gallegos con sensibilidad hacia este tipo de temas.
Así surgió el efecto Taín, que desencadenó sorprendentes reacciones de celos y recelos entre sus colegas de la Audiencia Nacional.
Alguien, además del Supremo, tendría que tomar cartas en el asunto y poner de una vez a cada uno en su sitio.