Hay división de opiniones. Unos creen que pagar solo 1.168 euros a Juan Miguel Villar Mir por la afección del AVE en su mina es una jugada maestra de la Administración, sobre todo si se compara con los 895 millones que solicitaba el empresario madrileño. Otros son críticos con que se tardaran tres años en gestionar las expropiaciones para hacerlas coincidir con el final de la concesión -el pasado 8 de enero- y ahorrarse así una importante suma compensatoria por lucro cesante.
En cualquiera de los casos, el movimiento administrativo clave para que la concesión no se renovara de forma automática -y así elevar su cotización indemnizatoria-se ejecutó desde la Consellería de Medio Ambiente que dirige Manuel Vázquez. En diciembre del 2007, su insistencia en que era preciso llevar a cabo una declaración de impacto ambiental porque se modificaban las características de la concesión -se planteaba una explotación subterránea- fue definitiva para que el expediente de renovación no fuera aprobado sin más.
El estudio de la documentación a la que ha tenido acceso La Voz refleja la preocupación de la concesionaria del yacimiento, Ramsa, ante la posibilidad de que se iniciara un largo trámite que demoraría irremisiblemente la prórroga. En un escrito presentado a la Consellería de Industria el 14 de diciembre, los directivos de la empresa de Villar Mir argumentaban que no era necesario solicitar una declaración de impacto ambiental, pues la explotación ya fue objeto de una con su correspondiente proceso de información pública. En su escrito, la concesionaria de Serrabal amenazaba a la Xunta con que podía incluso «incurrirse en una infracción de la legislación por ustedes invocada en caso de persistir en su decisión».
La Dirección Xeral de Industria fue en cierta medida receptiva con los argumentos de Ramsa y, en un escrito enviado a la Consellería de Medio Ambiente, recuerda que la mina contaba ya con una declaración de impacto de 1998, por lo que concluía que la cuestión medioambiental «en nada impide a resolución do expediente de prórroga iniciado».
En cualquier caso, la consellería que dirige el nacionalista Fernando Blanco -hay que recordar que el sindicato CIG lidera el comité de empresa de Ramsa y su secretario xeral, Suso Seixo, está muy implicado en este asunto- recababa la opinión vinculante de Medio Ambiente y la respuesta de esta consellería dirigida por el socialista Manuel Vázquez no pudo ser más contundente.
Consideraba necesario iniciar el trámite de declaración de impacto ambiental, «xa que se trata de dun novo proxecto de explotación», al tiempo que recordaba el futuro paso del tren de alta velocidad por el yacimiento y, por tanto, debían tenerse en cuenta las prescripciones de este proyecto y de su declaración de impacto.
Vinculante
Paralelamente, recordaban que este documento medioambiental es vinculante y podría paralizar la prórroga de la concesión si su dictamen fuera negativo. Este hecho fue crucial para que el expediente de la prórroga no se resolviera automáticamente como en un principio pretendía Villar Mir y se resolvió el 27 de diciembre del 2007, cuando apenas quedaban diez días para el fin de la concesión.
Mientras, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ya preparaba las actas notariales para expropiar el derecho minero precisamente en esas fechas. Como la concesión no se renovó automáticamente el 8 de enero, Fomento solo tenía que indemnizar a Villar Mir por las toneladas que dejaba de extraer durante una semana.