El informe de KPMG alertaba sobre su desequilibrio patrimonial y su fondo de maniobra negativo y advertía de que, en caso de inspección de Hacienda, podrían aparecer «contingencias fiscales y legales que no es posible cuantificar»
24 may 2008 . Actualizado a las 02:00 h.El dictamen de los auditores. Los puntos 7 y 8 de la auditoría de KPMG son concluyentes por cuanto alertan del patrimonio negativo de «La Región» y de la falta de información «fiel» para conocer la verdadera situación financiera de la sociedad
La Diputación de Ourense pretende salir al rescate con fondos públicos de una empresa de comunicación privada, el periódico ourensano La Región , que no facilita datos fiables sobre su verdadera situación financiera y cuya gestión, además, es abiertamente cuestionable habida cuenta de su importante desequilibrio patrimonial. El presidente de la institución provincial, José Luis Baltar, ha propuesto a PSOE y BNG que la entidad gaste 1,5 millones de los fondos públicos en la ampliación de capital del periódico pese a que la auditora KPMG (una de las más reconocidas del mercado) ya informó desfavorablemente de las cuentas presentadas por el medio de comunicación en el 2005, un balance que es todavía más contundente un año después, según los datos que constan en el registro mercantil.
La conclusión final a la que llega la auditora después de analizar la documentación presentada por los gestores de la compañía es que «las cuentas del 2006 no expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de La Región».
Seguir los criterios contables
Los técnicos de KPMG sostienen que la empresa debería haber provisionado más de once millones de euros de cuentas a cobrar a personas y entidades vinculadas al grupo ourensano, así como otros 5,6 millones procedentes de otros conceptos, y que esas cantidades deberían deducirse del resultado del 2006, que arrojó, según la compañía, un beneficio de algo más de un millón de euros. En caso de haber seguido los criterios contables que recuerda la auditora en su informe, el balance de ese ejercicio hubiese sido negativo en doce millones de euros, provocando que los fondos propios de la compañía fuesen negativos en siete millones y que, en consecuencia, alcanzase una situación que los expertos consideran de quiebra técnica en caso de no ser restituida.
La dirección empresarial de La Región reconoce en su memoria de cuentas que atraviesa por «dificultades de tesorería» que le han llevado a pactar un calendario de pagos con la Hacienda Pública (uno de sus principales acreedores) y a hipotecar la mayor parte de sus activos. De hecho, en uno de los capítulos de su propio informe de gestión reconoce: «La práctica totalidad de los terrenos y construcciones, así como la mayor parte de las instalaciones técnicas y maquinaria de la sociedad, se encontraban hipotecados en garantía de devolución de un préstamo concedido por el Instituto de Crédito Oficial». El desequilibrio patrimonial es, sin duda, el gran lastre del periódico ourensano que pretende reflotar Baltar. Según las cuentas del 2006, el pasivo a corto plazo era de 15,9 millones (a los que habría que añadir otros 5,4 millones a largo plazo), mientras que la empresa decía tener deudores por importe de 18,9 millones. Paradójicamente, el grueso de estos últimos estaría integrado por empresas del grupo La Región, que habrían de abonar a su matriz unos 10,8 millones de euros. Precisamente, una parte de esta cantidad (9,1 millones) es la que, a juicio de los auditores, debería haber aparecido provisionada en las cuentas de la empresa. Más allá de estas cuestiones, la auditoría de KPMG también llama la atención sobre la situación fiscal de la compañía. Dice su análisis que, en caso de una inspección de los últimos ejercicios por parte de la Agencia Tributaria, «podrían ponerse de manifiesto contingencias fiscales y legales que no es posible cuantificar en la actualidad». En este escenario, la auditoría asegura que la empresa tenía, a 31 de diciembre del 2006, un patrimonio y un fondo de maniobra negativos por importe de 7,1 y 6,7 millones de euros, respectivamente, de ahí que recomendase obtener «recursos financieros adicionales», esto es, la polémica ampliación de capital que ahora se pretende financiar con fondos públicos y que serviría para restablecer el equilibrio patrimonial.
Legalidad cuestionada
Además de la aportación de 1,5 millones de la Diputación -todavía pendiente de dos informes que deberán determinar su legalidad, ahora mismo cuestionada-, la operación pretende completarse con contribuciones de un grupo de empresas (Coren, Pérez Rumbao, Copasa y Martínez Núñez, entre otras) que financiarían la ampliación con 600.000 euros cada una.
Baltar pretendía que la Diputación aprobase la aportación de estos fondos públicos de forma unánime en el pleno del próximo día 30, aunque el rechazo de Emilio Pérez Touriño a la operación podría romper el consenso y abrir incógnitas sobre su futuro.