El Ministerio de Fomento terminó ayer la expropiación de los terrenos de la mina de Serrabal para las obras del AVE. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), empresa pública que depende de ese departamento, consiguió finalizar un proceso que ha durado dos semanas y que ha contado con protestas todos los días.
Fueron ocho jornadas en las que solo la fuerte presencia de los antidisturbios de la Guardia Civil permitió llevar a cabo la entrega y firma de las actas de expropiación en los municipios de Vedra y Boqueixón, cercanos a Santiago. El ADIF se hace así con los únicos terrenos que no tenía para construir la vía férrea entre Santiago y Ourense, en el subtramo de Vedra a Boqueixón. Han pasado cinco años desde que licitó la obra.
Las expropiaciones empezaron hace seis meses. En octubre, el ADIF intentaba hacerse con los terrenos pero no podía por el boicot de los trabajadores de la empresa Ramsa, del madrileño Juan Miguel Villar Mir, que explota la mina de Serrabal.
Los trabajadores de Ramsa hacen un balance negativo de estas dos semanas. Aseguran que seguirán exigiendo el cambio de trazado para que no afecte a la mina y que harán nuevas protestas. Además, se preguntan por qué el ADIF no llevó a la policía en octubre y sí lo hizo ahora «como se nós fósemos terroristas». En esa línea, recuerdan que en octubre las elecciones generales estaban a la vuelta de la esquina, mientras que ahora no. En estas dos últimas semanas no faltaron en ninguna ocasión para protestar ante los técnicos del ADIF encargados de hacer el levantamiento de actas.