Los trámites burocráticos necesarios para ampliar la concesión de la mina de Serrabal por otros 30 años, como pretende Juan Miguel Villar Mir, permitirán a la Xunta mantener vivo el proceso hasta que se resuelvan las expropiaciones de los terrenos afectados por el trazado del AVE, que continuarán estos días. Los plazos para aprobar la evaluación ambiental del proyecto pueden demorar la decisión del bipartito sobre la prórroga del permiso de explotación durante un año más, tiempo suficiente para que se inicien las obras que están pendientes desde que, en marzo del 2004, el anterior equipo de Fomento adjudicó a Dragados y Tecsa la nueva línea entre los municipios de Vedra y Boqueixón.
Mientras los representantes de la empresa de Villar Mir, Ramsa, jugaban al gato y al ratón esta semana con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para eludir la firma de la expropiación, aprovechando el error de la entidad pública en la citación, la Xunta se decidió a mover ficha a través de las dos consellerías implicadas en la renovación de la concesión. El jueves, Industria remitió una resolución a la concesionaria de Serrabal en la que confirma las condiciones que ya le comunicó en enero, cuando expiró legalmente el permiso, para continuar la explotación hasta que Medio Ambiente resuelva la evaluación de impacto ambiental. Villar Mir podrá seguir sacando cuarzo mientras la Xunta tramita su solicitud para prorrogar el permiso.
Consultas
El segundo movimiento tuvo lugar un día después entre los dos departamentos implicados. El que dirige Manuel Vázquez notificó el viernes al del nacionalista Fernando Blanco los trámites que tiene que realizar Industria para que Medio Ambiente pueda formular la declaración de impacto. Industria deberá remitir el estudio ambiental y el plan de restauración presentado por la empresa a tres direcciones xerais (Patrimonio Cultural, Conservación da Natureza y Producción, Industrias e Calidade Agroalimentaria), los organismos de cuenca, Fomento, los concellos de Vedra y Boqueixón, la organización ecologista Adega y a la Sociedade Galega de Historia Natural. Se abre así un primer plazo de 30 días para la exposición pública del expediente y que Industria contacte con esos organismos. A continuación, el proceso contempla otros 30 días de prórroga para la emisión de informes por parte de esos órganos, a los que seguirá un plazo máximo de 6 meses en el que Industria tendrá que remitir a Medio Ambiente el expediente completo.
La consellería dispondrá de dos meses para formular la declaración de impacto y enviarla a Industria para que resuelva la prórroga de la concesión. Por tanto, todos estos trámites requerirán como máximo entre 10 y 11 meses.