Protección de Datos, en cambio, introduce una consideración distinta, al abordar las consecuencias de la utilización ilegal de los datos, independientemente de la forma en que fueron conseguidos. Porque la defensa del PP se ha basado, desde el inicio del proceso, en culpar a una trabajadora municipal de O Grove, concello del que parten las denuncias. Esta operaria, aseguran los conservadores, habría falsificado la firma de los supuestos voluntarios y cubierto con sus datos la ficha de consentimiento que necesariamente debe rubricar cualquier persona que pretenda participar como candidato en un proceso electoral. Todo ello, añade el PP, sin que nadie del partido tuviese constancia de lo que estaba sucediendo. Es más, pese a apuntar a la citada funcionaria, tanto los responsables del partido en el municipio arousano como el aparato provincial de Pontevedra niegan tener conocimiento del origen de la documentación electoral falsa.
De hecho, el PP ha sido incapaz de facilitar a la agencia estatal los documentos de aceptación falsificados. El material no figura ni en las sedes populares de Galicia y el País Vasco ni en las juntas electorales afectadas, todas ellas en Vizcaya, disueltas ya hace meses. Parte del mismo sí ha sido remitido al juzgado de instrucción número 1 de Cambados, que investiga el caso.
