La Policía Judicial investigará todas las carreras ilegales de coches que se celebran en España y estén colgadas en Internet, según informó ayer el fiscal delegado de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. Además, la Fiscalía se encargará de iniciar un proceso judicial contra los autores de estas competiciones si considera que los participantes en estas pruebas ilegales han cometido algún delito.
Vargas realizó este anuncio en una rueda de prensa en el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid, donde unos setenta delegados de Seguridad Vial de toda España celebraron ayer unas jornadas para aunar criterios a la hora de perseguir delitos relacionados con el tráfico.
Según explicó, los fiscales van a procurar que las conductas de los que protagonizan estas carreras encajen, cuando lo permitan, en los tipos penales de conducción temeraria aprobados recientemente en el Código Penal. Según esta nueva normativa, los que conduzcan de forma temeraria podrán ser condenados con penas de cárcel de hasta dos años. Es más, para los casos de mayor gravedad, que se correspondan con delitos de consciente desprecio por la vida, los castigos estipulados contemplan penas de dos a cinco años de prisión.
Muerte de un matrimonio
La orden dada por la Fiscalía a la Policía Judicial de averiguar todo lo posible sobre estas carreras ilegales de coches colgadas en la Red se produce a raíz de la muerte del matrimonio vigués, en la madrugada del pasado sábado, en el transcurso de una de esas competiciones de velocidad en plena ciudad.
Samuel David Fiuza, de 20 años, y Jorge Luis Sosa Mejuto, de 21, se encuentran en prisión provisional como presuntos autores, cada uno de ellos, de dos delitos de homicidio, uno de conducción temeraria y otro de lesiones, por el accidente de tráfico en el que perdió la vida el matrimonio formado por Dolores Iglesias y Manuel García. Bartolomé Vargas aseguró ayer que el fiscal encargado de este caso va a realizar «una investigación en profundidad» que determine cómo fueron los hechos. También aclaró que los dos jóvenes, de ser condenados, tendrán una mayor pena de prisión por la entrada en vigor de la reforma del Código Penal en materia de seguridad vial.
También mostró su disgusto por la exposición en la Red de grabaciones de carreras: «La Fiscalía es consciente de la gravedad de estas pruebas ilegales y de la reprobación que merece la exhibición en Internet de alguna de estas conductas. Por eso vamos a ser especialmente rigurosos en la investigación y en la aplicación de la ley ante estas gravísimas actuaciones».
Este fiscal especializado se confesó partidario de aplicar las penas de prisión que permite la reforma en casos de especial gravedad, como puede ser el de Vigo, y cuando exista reincidencia. Si bien, aclaró que, cuando no se dan estas circunstancias, la delincuencia de tráfico es «un terreno abonado» para aplicar con utilidad las penas de trabajos en beneficio de la comunidad.
En este sentido, señaló que es consciente del esfuerzo realizado por las direcciones generales de Instituciones Penitenciarias y de Tráfico (DGT) para que se puedan cumplir el «elevado número de condenas» de este tipo que se van a producir.