En su recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para conseguir explotar otro yacimiento de cuarzo en Palas de Rei, finalmente desestimado, los abogados del empresario madrileño Juan Miguel Villar Mir alegaron que el ciclo productivo de Ferroatlántica en Galicia corre el riesgo de ser trasladado a otros países ante las expropiaciones que sufren dos de sus yacimientos: Serrabal y Trasmonte.
Se trataba de justificar la prevalencia de la explotación minera frente a los usos tradicionales y los valores naturales de los montes en mano común de Merlán, con el objetivo de evitar el «desabastecimiento» de mineral que, según Cuarzos Industriales (la firma del grupo que ostenta esta concesión minera hasta el 2063), provocaría actuaciones como la construcción del AVE Santiago-Ourense.
En su escrito de demanda a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, se señala que la situación «envidiable» de Ferroatlántica tanto en la producción de cuarzo como en su posterior transformación industrial «se ha puesto en peligro por recientes iniciativas expropiatorias que afectan tanto a la concesión minera de Serrabal (la más importante mina de cuarzo de España), actualmente recurrida ante la Audiencia Nacional, como a la concesión Trasmonte, también en Galicia». Poco después, el escrito de demanda al que ha tenido acceso La Voz, habla claramente de deslocalización de las plantas transformadoras que Ferroatlántica tiene en Cee, Sabón y Dumbría, que, junto a los trabajadores de Ramsa en Serrabal, suponen cerca de 800 empleos directos.
«La situación es realmente desoladora para una industria antes floreciente y ahora amenazada por el riesgo de perder sus fuentes inmediatas de materias primas, que debe afrontar la necesidad de traslado a otros países en los que la cercanía de las fuentes de producción permita evitar los perjuicios que supone un costoso transporte internacional de mineral», se asegura en el recurso.
En la actualidad Ferroatlántica cuenta con concesiones de cuarzo en las minas de Candelaria, El Manteco y El Merey, en el estado de Bolívar (Venezuela). En 1998 también adquirió allí la empresa Ferroven.
El supuesto desabastecimiento de sus plantas gallegas fue contestado por los representantes legales de los vecinos afectados por la eventual explotación minera con los propios datos de Ferroatlántica, al recordar que el 50% de la producción de Serrabal «se vende a los principales productores europeos de ferroaleaciones» y que las reservas de este polémico yacimiento «ascienden a varios millones de toneladas», según los propios cálculos de la empresa.