El Tribunal Superior tumba el intento de Villar Mir de abrir un nuevo Serrabal en Palas de Rei

GALICIA

19 dic 2007 . Actualizado a las 02:00 h.

El empresario Juan Miguel Villar Mir, que explota la mina de Serrabal afectada por el AVE, no podrá iniciar la explotación de un importante yacimiento de cuarzo en unos montes comunales de Palas de Rei, un filón del que también es titular de los derechos mineros hasta octubre del 2063 a través de la empresa Cuarzos Industriales.

Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por esta empresa del grupo Ferroatlántica contra la decisión del entonces conselleiro de Medio Ambiente, Xosé Manuel Barreiro, quien el 1 de julio del 2004 se negó a otorgar la declaración de prevalencia del uso minero sobre el tradicional de los montes vecinales en mano común.

Lo curioso es que los recurrentes alegaron en el proceso judicial la situación por la que atraviesa la mina de Serrabal, al pesar sobre este yacimiento una expropiación que afectaría a parte de sus reservas mineras de cuarzo. Este mineral es utilizado para ferroaleaciones en las plantas de Ferroatlántica de Cee, Dumbría y Sabón y, en el futuro, para un ciclo productivo de placas solares gracias a la posibilidad de extraer silicio solar del cuarzo metal fotovoltaico de la mina cercana a Santiago.

«Alega el recurrente -precisa la sentencia- el riesgo de desabastecimiento de materias primas en la industria gallega de ferroaleaciones, derivada de actuaciones sobre concesiones mineras como Serrabal o Trasmonte, que la ponen en peligro, para lo cual la explotación y aprovechamiento de la concesión de autos [denominada Merlán 4992, que afecta a los montes Merlán y Hospital y suma en total unas 200 hectáreas] resultaría crucial y estratégicamente decisiva en la producción y posterior tratamiento del cuarzo metalúrgico».

En otro momento, la empresa de Villar Mir vuelve a utilizar la estrategia de la supuesta amenaza sobre los puestos de trabajo de Ferroatlántica si se produce el mencionado desabastecimiento, una táctica muy recurrida durante la negociación relativa al trazado de la línea de alta velocidad Santiago-Ourense entre los municipios de Vedra y Boqueixón. De hecho, se refiere literalmente que el nuevo yacimiento de cuarzo es necesario «para el mantenimiento de los niveles de empleo actuales».

Sin embargo, el Tribunal Superior considera que es precisamente la empresa de Villar Mir la que debe acreditar la prevalencia de este supuesto interés social, y no la Administración o los vecinos que son titulares de estos montes. El fallo considera que los montes vecinales solo podrán ser objeto de expropiación forzosa si, precisamente, se demuestra que el uso alternativo tiene una utilidad pública prevalente sobre el aprovechamiento tradicional de los montes vecinales, cuestión que no se da en este caso.