El Gobierno y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) han decidido abrir una vía expeditiva para ocupar con urgencia los terrenos de la mina de Serrabal que son necesarios para construir un tramo del AVE Santiago-Ourense entre los municipios de Vedra y Boqueixón. El boicot continuado a la entrega de actas previas a la ocupación perpetrado en varias ocasiones por los trabajadores de Ramsa, la empresa concesionaria del yacimiento de cuarzo, ha llevado a la Administración a explorar las alternativas que prevé la ley para casos como este, de forma que la expropiación y posterior ocupación de terrenos se llevará a cabo a través de la Caja General de Depósitos del Ministerio de Hacienda.
El procedimiento a seguir es el utilizado en caso de desacuerdo o ausencia por parte del propietario del bien a expropiar por la vía de urgencia. Consiste en obviar el paso de entregar a la empresa el acta previa de ocupación -el proceso que fue boicoteado por los empleados de Ramsa y Ferroatlántica- e ir directamente a la fase siguiente que establece la ley de expropiación: el depósito previo a la ocupación.
Este procedimiento consiste en depositar en Hacienda una suerte de indemnización preliminar calculada de forma unilateral por la Administración para compensar al afectado por los primeros perjuicios que le ocasionará el proceso expropiatorio. Pero lo importante es que permite al ADIF llevar a cabo la ocupación de los terrenos sin tener que estar pendiente de una entrega de actas previas que ha resultado imposible, tanto por la actitud de la concesionaria como por la estrategia de los comités de empresa de las firmas gallegas propiedad de Juan Miguel Villar Mir.
Veinticuatro horas de aviso
La falta de colaboración de la empresa es precisamente el detonante que llevó a la Administración a tomar medidas más contundentes. Según ha podido saber La Voz, se emplazó a los representantes legales de la firma a que recogieran las actas previas de ocupación en un lugar discreto que solo fuera conocido por ambas partes.
Sin embargo, desde Ramsa se insistió en que ellos solo acudirían si se les avisaba con 24 horas de antelación. Fuentes gubernamentales consultadas ayer eran claras al respecto: «La exigencia del aviso 24 horas antes refleja claramente la connivencia entre la empresa y los sindicatos en este caso. Querían que les avisáramos un día antes para que los comités de empresa pudieran organizar las movilizaciones con un margen mínimo de tiempo», aseguraron.
Agotadas las posibilidades de entendimiento, los técnicos de expropiaciones del ADIF preparan ya las gestiones a realizar ante la delegación de Hacienda de A Coruña en los próximos días. Estos depósitos previos a la ocupación no tienen nada que ver con el justiprecio, pues este se formulará posteriormente. En realidad, se consignará una cantidad bastante inferior a la que el Estado prevé pagar por los terrenos y el derecho de explotación de la concesionaria Ramsa: unos cinco millones de euros. La referencia de cálculo son unas variables fiscales muy inferiores a los valores de mercado.
Una vez depositada esta cantidad, la Administración está ya respaldada jurídicamente y tiene un plazo de 15 días para proceder a la ocupación de los terrenos, por lo que esta no se llevaría a cabo hasta enero. Sin embargo, el riesgo de que los trabajadores boicoteen el inicio de las obras también se maneja como una posibilidad factible.
La empresa calculó en 895 millones de euros el efecto económico de la expropiación sobre las empresas del grupo, pues consideran que el AVE pasará sobre un filón de cuarzo que ellos consideran de gran calidad para extraer silicio solar. Posteriormente redujeron la compensación a 270 millones.