El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) prepara ya su segundo asalto para llevar a cabo la expropiación forzosa de los terrenos de la mina de Serrabal por donde pasa el trazado de alta velocidad Santiago-Ourense. La Dirección General de Ferrocarriles ha publicado ya en el BOE la segunda convocatoria para la ocupación de los terrenos afectados por el ferrocarril, «ante la imposibilidad de celebrar el acta previa en primera convocatoria» debido al boicot que llevaron a cabo los trabajadores de Ramsa -la empresa concesionaria- y de las plantas de Ferroatlántica.
Los empleados, apoyados por los sindicatos CIG y UGT, reclaman un cambio de trazado para evitar la afección sobre el yacimiento de cuarzo. Tanto el Ministerio de Fomento como el ADIF mantienen la alternativa aprobada y, por tanto, proceden a una expropiación que llega con dos años de retraso y que no pudo llevarse a cabo en octubre. Ahora prevén ejecutar el proceso el próximo 27 de noviembre en el Ayuntamiento de Vedra.
La convocatoria actual es muy diferente a la que salió publicada el pasado 12 de septiembre en el BOE . Entonces se convocaba a todos los afectados por las expropiaciones, mientras que ahora la orden afecta solo «a la ocupación del derecho minero de necesaria utilización para las obras», en el tramo del AVE Vedra-Boqueixón. El ADIF habría decidido convocar individualmente al resto de los expropiados con el objetivo de evitar que el boicot de los trabajadores impida que se lleven a cabo el resto de las expropiaciones en este mismo tramo y en el de Silleda (Dornelas)-Vedra.
Errores
La Dirección General de Ferrocarriles también da por terminado el período para subsanar errores en el proceso expropiatorio, entre ellos el que fue cometido por la propia Administración y que provocó una contundente respuesta en forma de escrito de alegaciones por parte de la empresa Ramsa, propiedad del empresario madrileño Juan Miguel Villar Mir. Fomento comunicó a la empresa que pretendía expropiar cerca de 45.000 metros cuadrados de una finca que la concesionaria consideraba vital para la continuidad de la explotación. En realidad, en esta zona solo se van a ocupar de forma forzosa 1.586 metros cuadrados.