El contencioso de la mina de Serrabal por el trazado del AVE Santiago-Ourense va camino de convertirse en un largo serial en el que los errores también desempeñan su papel. El proceso de expropiación de las fincas afectadas se excedió en más de 44.258 metros cuadrados debido a lo que los técnicos denominan un «error tipográfico», consistente en consignar como expropiables 45.844 metros cuadrados en una finca -la que tiene la referencia G-15.0124-004- en la que en realidad sólo se iban a ocupar 1.586 metros cuadrados.
El fallo en la cuantificación de la superficie no es baladí. En su momento, motivó un escrito de alegaciones de Ramsa, la empresa concesionaria del yacimiento de cuarzo, en el que se acusaba a la Administración de variar las condiciones de expropiación respecto a las previsiones que tenía en el 2004 la propia Dirección General de Ferrocarriles. Por tanto, acusaban al Ministerio de Fomento de vulnerar el procedimiento administrativo, «sin perjuicio de que con ello se pudiera incurrir en alguna figura delictiva», aseguraba la empresa participadas por Juan Miguel Villar Mir en su pliego de alegaciones.
No habrá que llegar tan lejos. Según ha podido saber La Voz, el Ministerio de Fomento y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) explicarán el error a la empresa y se limitará a expropiar la superficie que estaba prevista inicialmente. Esto es: 1.202 metros cuadrados de expropiación de pleno dominio, otros 93 de servidumbre y 292 de ocupación temporal.
El error en el cálculo de los metros cuadrados estaba incluido en la cédula de citación que fue remitida a Ramsa y en la convocatoria publicada en prensa para proceder a las actas previas a la ocupación de los terrenos, procedimiento que todavía no se ha llevado a cabo por culpa del boicot de los trabajadores al trámite expropiatorio. Todo indica que el error consistió en incluir en una sola finca la superficie total a expropiar en la mina para construir el tramo Vedra-Boqueixón de la línea de alta velocidad que unirá Santiago con Ourense.
Levantamiento de actas
En cualquier caso, es precisamente en el acto administrativo del levantamiento de las actas previas donde se subsanará definitivamente la inexactitud, pues en este proceso se describirá el bien o derecho expropiable. El ADIF pretende llevar a cabo en los próximos días una nueva convocatoria, para la que se elegirán lugares alternativos a los ayuntamientos con el objetivo de impedir que los trabajadores de Ramsa vuelvan a obstaculizar la expropiación. La ocupación de los terrenos se debería haber llevado a cabo a mediados de octubre.
Para la empresa concesionaria, la finca en cuestión es «absolutamente crucial para la precaria continuidad de la explotación minera que pudiera mantenerse tras la expropiación», aseguraban en su escrito de alegaciones.