Los concellos incumplen sistemáticamente las órdenes para detener la construcción de edificios ilegales
28 oct 2007 . Actualizado a las 02:00 h.El Gobierno bipartito se mantiene firme en su determinación de combatir los excesos urbanísticos que proliferan en la costa gallega en un contexto de inhibición por parte de las Administraciones locales. La Xunta, que ya presentó en abril, en plena precampaña de las últimas elecciones municipales, once contenciosos contra licencias otorgadas en varios concellos, seguirá acudiendo a la vía judicial en los casos en que los alcaldes decidan mirar hacia otro lado ante las órdenes de la Administración autonómica para paralizar urbanizaciones que no se ajustan a la legalidad.
En los últimos meses, la Consellería de Política Territorial, que ostenta las competencias en materia de urbanismo, ha detectado numerosos casos de promociones ilegales que no prevén redes de servicios básicos ni equipamientos adecuados. Así sucedió, por ejemplo, en el municipio lucense de Barreiros, uno de los que soporta mayor presión edificatoria, donde la propia empresa encargada del suministro eléctrico, Begasa, alertó hace un año de la necesidad de ejecutar nuevas infraestructuras para proveer de energía a cuatro urbanizaciones proyectadas que suman 1.200 nuevas viviendas para un concello de 3.291 habitantes.
Se trata de una coyuntura que se reproduce a lo largo de todo el litoral gallego, la parte más sensible del territorio y la más apetecida por las promotoras como alternativa al colapso urbanístico de la costa mediterránea.
En este escenario, la conselleira de Política Territorial, María José Caride, insiste en el mensaje expeditivo que el propio Touriño lanzó antes de las municipales para expresar la determinación de la Xunta a acabar con el todo vale: «Cando detectemos unha promoción que non se axusta á legalidade, o primeiro que faremos é seguir pedindo a anulación do acordo plenario, pero se aínda así o alcalde mira para outro lado, iremos ao contencioso-administrativo para defender os intereses comúns de Galicia». Caride, que subraya que su departamento seguirá exigiendo la paralización cautelar, advierte que en este ámbito se están produciendo «sentencias contradictorias». Precisamente, a esas decisiones judiciales se acogen los alcaldes para inhibirse. La conselleira apunta que, si no se paraliza cautelarmente la obra, «o mal pode estar xa feito cando resolva o tribunal».
Los 11 contenciosos interpuestos en abril afectan a licencias aprobadas en Foz (1.345 viviendas), Barreiros (376), Malpica (100) y Fisterra (257). En septiembre, la Xunta anunció demandas judiciales para frenar 200 chalés en Sanxenxo.