El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) prevé llevar a cabo las expropiaciones de los terrenos de la mina de Serrabal antes de que la Consellería de Industria tramite la ampliación de la concesión de la explotación a la empresa Ramsa. Por tanto, la sociedad estatal encargada de construir la línea de alta velocidad Santiago-Ourense tiene previsto ocupar los terrenos antes de que la renovación de la concesión cambie las condiciones de explotación de la mina y, tal y como reclama la empresa, se permita un proyecto de extracción subterránea del cuarzo que hay bajo el trazado del AVE.
Fuentes conocedoras del proceso aseguran que es «prácticamente imposible» que Industria apruebe el plan de explotación bajo el trazado ferroviario. Consideran que el ADIF presentará alegaciones al plan de explotación presentado por la empresa de Juan Miguel Villar Mir y no permitirá que bajo el trazado del AVE se establezca una explotación minera con galerías subterráneas. «El riesgo podría calcularse con estudios geotécnicos, pero nadie se arriesgaría a que el terreno se reasentara y provocara inestabilidades en la plataforma ferroviaria. Un trazado de alta velocidad es algo muy delicado», aseguran.
En este sentido, fuentes del ADIF lo tienen claro: «Creemos que la extracción subterránea es incompatible con el AVE y, en cualquier caso, nosotros solo tenemos en cuenta las condiciones de la concesión actual». Dudan, además, de que sea rentable para la empresa un plan de extracción bajo tierra.
Cálculos de reservas
En efecto, los cálculos del estudio de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo se referían a los límites actuales de la concesión. En este informe multidisciplinar se considera que la afección a la mina por la construcción de la línea de alta velocidad se limita a 1,4 millones de toneladas de cuarzo metalúrgico y a 3,6 millones de áridos. Este sería el baremo oficial de cara a la expropiación y el que en principio pretende utilizar el ADIF para compensar a Ramsa por lucro cesante (el dinero que dejará de ingresar la empresa por las reservas mineras que pasan a ser consideradas inexplotables).
Por lo tanto, ni el administrador ferroviario ni el Ministerio de Fomento están dispuestos a que se modifiquen estas condiciones de explotación y tener que pagar más por la expropiación de unas 42.000 hectáreas de terreno sobre el filón de cuarzo.
La estrategia para llevar a cabo las expropiaciones sin que los trabajadores de Serrabal y de Ferroatlántica boicoteen el levantamiento de actas ya ha comenzado. Así, los técnicos del ADIF planean citar a los propietarios fuera de los lugares habituales -los consistorios de Vedra y Boqueixón- y sin que quienes organizan las movilizaciones tengan la mínima oportunidad de sabotear un proceso de ocupación de terrenos «que respalda el ordenamiento jurídico», aseguran en la sociedad estatal que construye la línea de alta velocidad.
Después de que fracasara la convocatoria de octubre por la presión de los empleados, el ADIF prepara una nueva que estará lista «en breve». La concesión de la mina de Serrabal termina el próximo 7 de enero e Industria tramita ya su dictamen sobre la renovación de la concesión, que, según la empresa, es un proceso administrativo que debe ser «prácticamente automático».