Trabajadores de Serrabal colapsaron A Coruña en su protesta por el AVE

La Voz

GALICIA

06 oct 2007 . Actualizado a las 02:00 h.

Habrá huelga. Los trabajadores de la mina de Serrabal y de los centros de Ferroatlántica en Sabón (Arteixo) y Dumbría (Cee) acordaron un paro para el próximo día 25. Con esta nueva medida de presión, las plantillas de esas empresas insisten en exigir un cambio en el trazado del AVE a su paso por el yacimiento propiedad del empresario Juan Miguel Villar Mir. Esa misma jornada, los empleados estarán convocados a una manifestación en Santiago. La marcha pasará ante el Parlamento y la sede de la Xunta, coincidiendo con la celebración de la reunión semanal del Gobierno autónomo.

Estas medidas fueron anunciadas ayer por el secretario general de la CIG, Suso Seixo, durante una concentración ante la Delegación del Gobierno en Galicia, en A Coruña. Un grupo de trabajadores entregaron en el registro un manifiesto con sus exigencias para que llegase a manos del delegado. Tras la concentración, en la que había alrededor de 200 personas, los manifestantes cortaron el tráfico durante unos veinte minutos, lo que provocó importantes retenciones y el colapso en los accesos a la ciudad.

En el escrito presentado a Manuel Ameijeiras, los representantes sindicales le pedían que realizase las gestiones necesarias para paralizar las expropiaciones por las obras del AVE «hasta que no existan conclusiones en todos los puntos» de la resolución adoptada por unanimidad por el Parlamento gallego.

A este respecto, Suso Seixo se refirió a las actas de expropiación y denunció que se ha aumentado la zona de expropiación «por sorpresa» y se ha pasado de los 1.200 metros cuadrados previstos en el estudio del 2004 hasta 45.000 metros cuadrados en la actualidad.

Pese a que ADIF niega esta circunstancia, Seixo mostró un documento con sello del Ministerio de Fomento enviado a la empresa el pasado 4 de septiembre para demostrar su versión.

Los trabajadores también le pidieron al delegado que promueva una nueva reunión entre ADIF, la compañía que explota el yacimiento y los comités de empresa para negociar el cambio de traza. Su propuesta, aseguran, «no afecta a la población y sus repercusiones son menos importantes para el medio ambiente» que el actual diseño.