El Consejo de Ministros aprueba tres traspasos de competencias a Galicia

GALICIA

01 sep 2007 . Actualizado a las 02:00 h.

El Consejo de Ministros aprobó ayer tres acuerdos de traspaso de competencias a Galicia, en cumplimiento de lo acordado en la Comisión Mixta Gobierno-Xunta celebrada el 19 de junio pasado.

En primer lugar, la Xunta asume las funciones que tenía el Ministerio de Administraciones Públicas en relación a la convocatoria y desarrollo de las pruebas para la obtención del título de gestor administrativo y la expedición del título correspondiente. Galicia se convierte así en la segunda comunidad autónoma que cuenta con estas competencias, después de Cataluña.

La segunda transferencia se refiere a la gestión del centro docente Almirante Juan de Lángara y Huarte, de Ferrol. Galicia recibirá los medios personales y económicos que los ministerios de Defensa y Educación venían utilizando para gestionarlo. La medida afecta a 14 puestos de trabajo, entre personal docente y laboral, y su coste asciende a más de 365.000 euros. Asimismo, Defensa entregará otros 70.000 euros en un solo pago para obras de rehabilitación, mejora y supresión de barreras arquitectónicas.

El tercer traspaso es la financiación correspondiente a un incremento retributivo que afecta al personal del Instituto Social de la Marina.

Inversiones

El Consejo de Ministros aprobó también una inversión de 423.815,6 euros para el programa de reforma de la Administración de Justicia en Galicia que ha puesto en marcha el ministerio que dirige Mariano Fernández Bermejo. Es lo que le toca del reparto de los cinco millones que el Gobierno ha concedido a las comunidades autónomas para que la acometan. Los criterios de distribución han sido el número de habitantes y el de órganos judiciales existentes en cada autonomía.

Asimismo, el Ejecutivo aprobó un montante de 4.524.149 euros para la formación continua en Galicia en el 2007, que complementa los fondos ya asignados, algo más un millón y medio para desarrollo rural y 4.136.477 para el fomento de la industrialización agroalimentaria. En ese apartado es la comunidad que recibió una mayor cantidad, muy por delante de Cantabria y Andalucía.