A Coruña | «Un caso nunca se cierra» suelen explicar los encargados de resolverlos, pero algunos crímenes sin solución empiezan a perderse en el tiempo para desesperación de los familiares de las víctimas, que desean que los culpables sean juzgados.
Basta remontarse en el tiempo y reaparecen casos como el de la costurera María Clemencia Ponte, que desapareció el 14 de agosto de 1991, fecha en la que retiró un millón de pesetas de una oficina bancaria de Betanzos. Estaba con su novio y la única pista fiable de su paradero fue un bolso, que conducía a Rábade.
Se sigue pidiendo ayuda, por la familia y los cuerpos de seguridad para localizar al empresario de jardines Rogelio Núñez, que desapareció el 11 de enero de 1999 tras salir de su casa, en Bergondo. El 23 de febrero de 1999 fue asesinado y nunca se supo por quién Miguel Ángel Sánchez Bouza, en la gasolinera de Laraxe en el municipio de Cabanas, donde trabajaba.
La compostelana María José Arcos salió de su casa el 15 de agosto de 1996 y le aseguró a su madre que regresaría por la noche. No se volvió a saber de ella, excepto que su coche se encontró tres días después en las inmediaciones del faro de Corrubedo.
La desaparición del ourensano Guillermo Collarte en Valença do Minho causó también gran conmoción en 1999. La familia está convencida de que fue asesinado y la policía lusa y la española aún están investigando qué pasó.
Tras los crímenes de María del Carmen Casal y Sara Alonso, en el 2004, se fundó la asociación gallega de familiares de asesinados, la Asociación de Apoyo a las Víctimas y Familiares de Delitos Violentos.
Acercándonos más en el tiempo, está sin esclarecer la muerte de Montse Martínez, en abril del 2001, en Viana do Bolo; de Deborah Fernández Cervera, asesinada en abril del 2002, cuyo caso, como el de Manuel Salgado, muerto de un balazo en el año 2004, son investigados por inspectores de Madrid. Siguen, asimismo, sin resolverse el asesinato de Roberto Vázquez Rivas, en una verbena de As Somozas (Ferrol), en octubre del 2005 y de la viguesa María Elena Calzadilla, asesinada en diciembre del 2005, por citar algunos. También asumió Madrid la investigación de los desaparecidos de Cabral, y la bomba que mató a un matrimonio en Redondela, entre otros casos.