Exigirá al empresario que adapte su solicitud para ampliar la concesión al informe del ADIF Industria activa un proceso heredado del PP que llevaba más de dos años congelado
12 jun 2007 . Actualizado a las 07:00 h.El proceso para resolver la prórroga de la concesión de la mina de Serrabal, solicitada por Juan Miguel Villar Mir, tendrá en cuenta el impacto del ferrocarril de alta velocidad sobre el yacimiento que ha evaluado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). La Consellería de Industria exigirá al empresario que tenga en cuenta el informe del ente adscrito a Fomento para corregir la petición que presentó en enero del 2005 con la intención de renovar hasta el 2038 el permiso de explotación de la cantera, que expira en enero próximo. Esta decisión supone la reapertura de un proceso que el actual Gobierno heredó de la etapa de Fraga y que ha mantenido congelado durante más de dos años, y vincula por vez primera la ampliación de la concesión al trazado del AVE. El primer paso del departamento que dirige el nacionalista Fernando Blanco para estudiar la prórroga planteada por Villar Mir ha sido pedir al ADIF el informe que encargó a la Universidad de Oviedo sobre el grado de afección del ferrocarril en la mina, un trabajo que cifra el impacto en el 10% del yacimiento y que calcula que un posible cambio de trazado provocaría un retraso de 24 a 32 meses. Industria requerirá al empresario que adapte la solicitud para ampliar la explotación al impacto del tren, ya que la que presentó en enero del 2005, dentro del plazo legal, no hacía referencia a la afección del AVE, a pesar de que el trazado por la mina se aprobó en junio del 2003 y que las obras ya fueron adjudicadas en marzo del 2004. Resolución antes de enero La consellería prevé resolver el proceso antes de enero, cuando expira la concesión original, emitida en 1978. En cualquier caso, cabe la posibilidad de que el permiso de explotación sea prorrogado tácitamente en el supuesto de que la tramitación de la solicitud se prolongue más allá del plazo previsto. Lo que está fuera de los planes de Industria es satisfacer el interés de Villar Mir en que esa ampliación de la concesión sea automática, como manifestó en marzo pasado a este periódico. La prórroga dependerá del análisis de diferentes parámetros que establece la Ley de Minas. En contra de lo que sostiene el empresario, la explotación correcta del yacimiento no basta para obtener la extensión del permiso en Serrabal por otros 30 años. Industria examinará con detalle toda la documentación que aporte la concesionaria Ramsa y que, de acuerdo con los requisitos que figuran en la ley en vigor, deberá detallar la continuidad del recurso explotado o el descubrimiento de un nuevo filón, el cálculo de la reserva de mineral -el ADIF estima que la vida extractiva de la mina puede prolongarse 48 años-, el proyecto de gestión hasta el 2038 y la descripción de las técnicas de explotación, tratamiento y beneficio adecuados al progreso tecnológico. Fernando Blanco ya comunicó a Villar Mir el interés de la Xunta por que Ramsa mantenga su actividad en el país, con la condición de que no se retrase el AVE. Por su parte, el presidente del ADIF, Antonio González, subrayó irónicamente la semana pasada en A Coruña que el empresario ya no habla de los 895 millones de euros que llegó a pedir por lucro cesante: «Ahora está tramitando la prórroga de la concesión, porque tiene la certeza de que la mina es rentable».