Convocará una reunión para contrastar con los sindicatos sus datos de afección a la mina El cambio de trazado sólo se acometería si se demuestra que el informe de Fomento infravaloró los daños
05 jun 2007 . Actualizado a las 07:00 h.El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y la Xunta abrieron ayer de nuevo una puerta relativamente remota a que se modifique el trazado del AVE Santiago-Ourense a su paso por la mina de cuarzo de Serrabal, propiedad del empresario Juan Miguel Villar Mir. En una reunión celebrada en la Delegación del Gobierno en A Coruña, mediatizada por la protesta y los cortes de tráfico de los trabajadores de la mina de cuarzo y Ferroatlántica que estaban concentrados a la puerta del edificio oficial, el presidente del ADIF, Antonio González, y tres conselleiros de la Xunta (Industria, Política Territorial y Traballo) acordaron con los representantes sindicales celebrar una reunión técnica que determine la verdadera afección del tramo Vedra-Boqueixón. El encuentro serviría para comprobar si existe un riesgo de pérdida de empleos por la destrucción de una veta de cuarzo «de especial valor», aseguró ayer el secretario xeral de la CIG, Suso Seixo. Esto no significa que el Ministerio de Fomento cuestione ahora las conclusiones del informe encargado a la Universidad de Oviedo que sirvió de base para que la ministra de Fomento descartara, en una comparecencia parlamentaria celebrada la semana pasada, un cambio de trazado que podría retrasar esta línea de alta velocidad «entre 24 y 32 meses», precisó ayer Antonio González en una rueda de prensa a la que acudió acompañado por el delegado del Gobierno, Manuel Ameijeiras. Nivel de afectación La reunión, que se celebraría en el plazo de una semana, se plantea más bien para que el equipo multidisciplinar que elaboró el informe explique y convenza a los trabajadores de que el nivel de afectación del yacimiento sólo supondría «entre un 10 y un 12%» de las reservas de la mina situada en las inmediaciones de Santiago. Sólo si el contraste de opiniones con los técnicos que aportarán los sindicatos condujese a conclusiones diametralmente opuestas se plantearía un cambio de trazado. «Puede haber diferencias de interpretación», admitió Antonio González. El acuerdo consensuado con los tres conselleiros de la Xunta se enmarca en tres direcciones: evitar retrasos inasumibles en la puesta en marcha del AVE, conservar la totalidad de los puestos de trabajo y evitar daños al tejido productivo de la comunidad. Sólo si se demuestra técnicamente que el trazado puede desencadenar ese coste social se plantearía la modificación del proyecto. «Nosotros partimos de la base de que apenas hay afección. Si las conclusiones de esa reunión fueran otras, se analizará [el cambio de trazado]», indicó el presidente del ADIF. No obstante, parece que la presencia del conselleiro de Industria, Fernando Blanco, y el de Traballo, Ricardo Varela, favorables a consensuar con los sindicatos una salida al conflicto, suavizaron de alguna manera la postura tajante expresada por la ministra de Fomento en el Congreso. El dilema El difícil dilema lo explicó de esta forma Antonio González: «No estamos en la tesis de que se demore la construcción de la línea de alta velocidad, pero tampoco queremos hacerlo destruyendo empleos. Si se confirma -añadió- que el actual trazado pone en peligro los puestos de trabajo de la mina y de las empresas transformadoras del cuarzo, lógicamente se buscará otro alternativo». Los sindicatos UGT, CIG y CC?OO valoraron positivamente el cambio de dirección en la estrategia de Fomento que, al menos durante una semana, vuelve a dejar en el aire el futuro del AVE y del yacimiento. En cualquier caso, el secretario xeral de la CIG, Suso Seixo, mantuvo su posición inicial y considera que la reunión debe servir para que la Xunta y el Gobierno central «cheguen á conclusión de que non hai máis remedio que modificar o trazado».