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02 mar 2006 . Actualizado a las 06:00 h.CUANDO EN FRANCIA -al comienzo de la década de los noventa- el número de personas muertas por causa del tráfico rodado se estimó tan desmesurado como socialmente inadmisible, alzó la voz el presidente de la República para señalar que «la seguridad vial es una cuestión de Estado». Y, a partir de ese momento, se legalizó el permiso de conducción por el sistema de puntos. Poco tiempo después de aquello, y en una línea muy distinta, un ex responsable del Ministerio de Interior español afirmaba que «la seguridad vial es una cuestión de todos». Quedaba entonces mirar más allá de los Pirineos, hacia el vecino de al lado y sus iniciativas, para ver los resultados de la innovación legal que impulsaba. Y sucedió que ya en el primer año de su funcionamiento, la disminución radical registrada en las cifras de muertos en las carreteras francesas traducía en gran acierto las medidas que el Ejecutivo había adoptado. Es por eso que nuestro sistema de permiso por puntos sigue fielmente el modelo galo, de tal modo que se incardina en nuestro derecho positivo para entrar en vigor en junio. En este punto, la reciente tragedia ocurrida en la localidad lucense de Foz, que es todo un desafío a la seguridad vial como «asunto de todos», lleva inexorablemente a preguntarnos: ¿Bastará el rigor de las normas para terminar con tanto y tan grueso drama? Es evidente que no, aunque servirá como corrector de tantas conductas inaceptables. Y es que en ese orden de accidentes de circulación que apuntan tan directamente hacia los más jóvenes, hacia su tiempo libre en los fines de semana, parece que hacen falta otras reglas mas allá del mandato legal. Son las normas que marcan la vida familiar, las que enseñan modos de vida aptos para fomentar la diversión razonable, pero sabiendo al propio tiempo que ha de evitarse la utilización del automóvil cuando lo que comienza bien puede terminar mal.