Aunque sólo ahora ha entrado en vigor, fue en enero del 2001 cuando se sentaron las bases para que los buques comunitarios pudiesen operar en los puertos de Chile. Sin embargo, ese paso estuvo precedido por toda una década de conflictos lleno de demandas ante los organismos internacionales. La Cooperativa de Armadores de Vigo elevó en su día una queja a la UE por los obstáculos al comercio que imponía Chile y los perjuicios que esta postura ocasionaba a la flota gallega. Esa protesta derivó en una investigación por parte de la UE, que a su vez, llevó sus conclusiones a la OMC. Y es que la Comunidad Europea constató que, tal y como afirmaban los armadores, los buques comunitarios tardaban seis días adicionales en llegar a otros puertos del continente y ese aumento del trayecto ocasionaba diferentes perjucios, como el tener que asumir los costes derivados de las deficiencias de otros países, los gastos añadidos del viaje y la pérdida potencial de capturas durante esa ruta.