El alcalde de Ferrol se apoya en Enagas para alegar contra la planta de regasificación

REDACCIÓN FERROL

GALICIA

La corporación municipal debatirá las reclamaciones del BNG en la fecha límite para presentarlas Las alegaciones que pretende presentar el Concello ferrolano contra la planta de regasificación de Mugardos se sustentan en informes redactados por su principal competidora, Enagas. Así lo hace constar el alcalde, Xaime Bello, en las dos reclamaciones presentadas al pleno de la corporación -que se celebrará el martes, coincidiendo con el cierre del plazo- y con las que el gobierno local quiere impedir que la terminal se construya en la superficie de Tojeiro. Como prueba, aporta documentos de Enagas, compañía que lideró y después dejó morir un proyecto para construir una planta en el exterior de la ría ferrolana.

25 may 2001 . Actualizado a las 07:00 h.

La primera de las alegaciones del gobierno de Ferrol se centra en el estudio de efectos ambientales de la planta, y la segunda tiene como fin detener la autorización administrativa y el reconocimiento de utilidad pública de la terminal. Para ello, el alcalde aporta, como base argumental, un informe del competidor directo de Reganosa, la compañía de capital catalán Enagas, realizado en 1994 y que defiende «por razones de seguridad» la ubicación de la planta en el exterior de la ría de Ferrol. El mismo emplazamiento en el que la compañía tenía previsto levantar la primera planta del noroeste peninsular y cuya idea mandó a dormir el sueño de los justos cuando fue recuperada por la iniciativa privada. Informe de Defensa Las reclamaciones que abordará el martes el pleno de la corporación reclaman un informe de Defensa sobre la repercusión de la infraestructura en el funcionamiento y en «la eficacia» del Arsenal de Ferrol y la base naval de A Graña. Pero la aportación de Enagas al movimiento de oposición de la planta que impulsó Tojeiro no se ciñe sólo al Concello, ya que uno de los técnicos más prestigiosos de la compañía colaboró en la redacción de un informe encargado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana. A partir del martes, la Xunta estudiará las alegaciones con el fin de emitir una resolución de efectos ambientales que será elevada al Gobierno central.