Los hogares más humildes cargan con el peso de la transición energética
LA GALICIA ECONÓMICA
Un estudio revela su impacto en la renta, la actividad económica y la desigualdad
29 nov 2021 . Actualizado a las 10:52 h.«Quien contamina, paga», pero no de forma proporcional a su renta. La gran revolución verde amenaza con dejar atrás a los más vulnerables: trabajadores poco cualificados y familias de escasos recursos, que no tienen margen para adaptar su consumo, sus viviendas o medios de transporte a las nuevas exigencias climáticas de la Unión Europea (UE). El impuesto al diésel, el destierro del carbón y los desorbitantes precios en los derechos de emisión de CO2, están añadiendo una presión inusitada sobre los hombros de los hogares más humildes, a quienes un bono social solo les resuelva una parte del problema en la factura de la luz. El impacto de la descarbonización se extiende a todos los eslabones de la economía, inflando los precios finales en la cesta de la compra.
Transición ecológica, ¿a qué precio? El investigador de la London Business School, Diego R. Känzig, sostiene en un estudio reciente que los efectos más inmediatos de pisar el acelerador son «un incremento significativo de los precios y una caída de la actividad económica: menos producción y un desempleo más alto». Por el momento, en España se cumple la primera premisa: ya hay empresas, como las siderúrgicas Arcelor Mittal, Ferroatlántica y Sidenor, o la química Fertiberia, que están interrumpiendo la producción para ahorrar en el coste de la electricidad. En los próximos meses decidirán si esto se traduce en reducción de la plantilla o el traslado a países con legislaciones medioambientales más laxas —y precios de la energía más bajos—.
Es por ello que la transición ecológica no impactará de igual modo en todas las capas de la sociedad. ¿Quiénes pagarán el coste? Las rentas más bajas. No solo tendrán más problemas para pagar sus facturas de la luz, también verán mermada su capacidad adquisitiva e incluso podrían perder empleos: «Mientras los hogares más pobres reducen su consumo de forma significativa y persistente, las familias más ricas apenas se ven afectadas», explica Känzig. ¿Cómo afecta a sus rentas? «Gastar un mayor porcentaje del dinero disponible en energía deja menos recursos para otros gastos», indica. Y eso que ya parten con desventaja. Según sus cálculos, las familias de bajos ingresos gastan de media un 9,5 % de su renta en energía, frente al 7 % de la clase media o el 5 % de las rentas más altas.
Además, también ven recortada su renta porque suelen estar empleados en sectores más afectados por estas políticas. «Curiosamente, no se da en sectores con una alta intensidad energética como los suministros o manufacturas, sino sectores más sensibles a cambios en la demanda, como el comercio o los cuidados [...] Estos sectores afrontan una mayor caída de la demanda y responden despidiendo empleados y recortando salarios», desliza Känzig.
Todos estos efectos influyen en el 80 % de la demanda agregada de las familias, principal canal de transmisión entre estas políticas de descarbonización y la economía. Por eso el autor sugiere a los Gobiernos que pongan en marcha mecanismos de compensación más eficaces, para distribuir la carga de la transición energética: «Los precios del carbón llevan a una caída del apoyo a las políticas vinculadas al clima entre los hogares de rentas bajas», advierte.
Compensaciones
La Comisión Europea ya reconoció en varias ocasiones el riesgo que entrañaba esta transición tal y como se ha modelado. Por eso creó el Fondo Social Climático, con el que compensar los efectos adversos sobre los hogares más vulnerables, pero muchos expertos sostienen que la propuesta no es suficiente para garantizar una transición equitativa y justa. Sí podría serlo si los Gobiernos articulan buenas políticas redistributivas que, en España, están todavía en construcción.
«Hay que seguir de cerca las cuestiones distributivas. Hay que compensar a los perdedores de la transición energética a cargo del presupuesto público para no afectar a agentes privados», deslizó esta semana el director de Fedea, Ángel de la Fuente. El catedrático e investigador Diego Rodríguez aprueba medidas como la extensión del bono social, pero cree que es el momento de evaluar con más rigor a qué colectivos hay que proteger: «La transición energética no afecta a todos por igual. Genera efectos asimétricos sobre individuos, familias, agentes y territorios. Hay que ver cómo planteamos las exenciones y sobre quién recae el esfuerzo en el conjunto de contribuyentes», sostiene.
En ese sentido, apoya la idea de fijar tipos distintos de IVA para consumidores vulnerables. De esta forma dejarían de beneficiarse de la rebaja decretada por el Gobierno del 21 al 10 % algunos consumidores que, por renta, no necesitan abaratar la factura de la luz.