Galicia aspira a recibir fondos europeos para siete proyectos «maduros»
LA GALICIA ECONÓMICA
A las tres iniciativas tractoras presentadas en junio suma cuatro iniciativas transversales de producción energética, logística e innovación
13 oct 2020 . Actualizado a las 20:07 h.La Xunta ha puesto en marcha la comisión interdepartamental que se va a encargar de diseñar las iniciativas en los que Galicia va a poner todo su empeño para impulsar con las partidas europeas que se van a liberar en los próximos años para alimentar la recuperación económica, los llamados fondos Next Generation. De tres de ellos ya dio cuenta el Gobierno gallego en el mes de junio. Son los proyectos tractores, que serán presentados esta misma semana en un foro en el que se profundizará en las tres líneas de trabajo escogidas inicialmente: la creación de un centro para impulsar la economía circular; otro de fabricación de fibras textiles sostenibles a partir de celulosa soluble; y una planta de hidrógeno verde. En total, suponen una inversión pública y privada de 1.300 millones de euros y la creación de 1.700 puestos de trabajo.
Además, la Xunta ha decidido presentar como una cuarta pata estratégica la iniciativa para suministrar potencia renovable a los citados proyectos, además de sumar otros tres de carácter transversal que también darán sustento a las ideas originales. Se trata de un centro de innovación, un laboratorio digital y el desarrollo de una cadena logística sostenible.
El conselleiro de Economía será el dirigente autonómico responsable de coordinar, supervisar e impulsar estas iniciativas que se trasladarán este jueves al Gobierno de España, que a su vez las presentará ante la Comisión Europea para su evaluación en el mes de diciembre. Al término del encuentro para lanzar la comisión, Francisco Conde sostuvo que Galicia presenta proyectos «maduros» que, en el caso de salir adelante, serán tutelados desde el Igape para garantizar la viabilidad económica y financiera. Esa solidez —«partimos con traballo feito», insistió el vicepresidente de la Xunta— concede el margen suficiente cumplir los calendarios previstos, con la esperanza de que puedan ser validados por Europa antes del 30 de abril del próximo año. España podría recibir a 140.000 millones de euros, de los que 72.000 llegarían a través de transferencias en los próximos tres años, pero Conde recordó que para ello se deben impulsar «reformas para cambiar o tecido produtivo e responder as novas necesidades» derivadas de la crisis sanitaria.
Lo que no se pone la Xunta son limitaciones a la recepción de fondos. Otras comunidades ya han cifrado la petición de ayudas europeas —13.000 millones en el caso del País Vasco—, pero la el conselleiro prefiere no ponerse «obxectivos cuantitativos» al no tratarse de fondos que lleven implícito un reparto territorial por regiones. «Temos as máximas aspiracións», indicó Conde, que sí se puso como reto entrar en el plan y obtener financiación, bien sea a través de Next Generation o de otros fondos europeos, porque habrá «máis liñas» a las que recurrir.
Lo que sí ha adelantado la Xunta en números redondos es el impacto que tendrán los proyectos tractores. La planta de hidrógeno requerirá unos 65 millones y generará 80 puestos nuevos; el centro de economía circular rondaría los 525 millones y los 800 empleos, enfocados en la producción de fertilizantes y materiales reciclados; y la planta de viscosa precisaría 700 millones para generar otros 800 trabajos.
El siguiente movimiento será incorporar al sector privado, «indispensable» para aumentar la inversión. Sobre esa colaboración incidirá el foro que se celebrará este viernes, en el que participarán profesionales, entidades financieras, compañías y centros de conocimiento, con el objetivo de captar socios industriales y tecnológicos.
El dinero, como pronto, la próxima primavera
Los 140.000 millones (72.700 de ellos son ayudas directas) del Fondo de Recuperación europeo que le corresponden a España no llegarán de inmediato. Habrá que esperar al menos hasta la próxima primavera (la negociación anda atascada en la Eurocámara). Y tampoco lo harán todas de golpe. De momento: 43.480 millones de euros entre el 2021 y el 2022 y otros 15.686 millones más en el 2023.
Y, ni mucho menos, son financiables todos los proyectos. Solo los que encajen con las prioridades que se ha fijado la Unión Europea para la próxima década. Esto es, sobre todo, los que estén relacionados con la transición digital y ecológica. Los compromisos para poder optar a ellos se contraerán antes del 31 de diciembre del 2023 y los pagos se realizarán antes del 31 de diciembre de 2026. Y cada euro que se reciba, no importa si llega vía préstamo o subvenciones directas, será fiscalizado. Si España se desvía del camino que se ha trazado, cualquiera de sus socios puede pisar el freno y congelar el desembolso.
Las comunidades autónomas habrán de trasladar al Gobierno central sus prioridades antes de abril del año que viene. Galicia lo hará mañana mismo. El Gobierno central, por su parte, tiene previsto presentarlos al examen de la Comisión Europea en diciembre.
Para dar el okey tiene ocho semanas. Ha de poner nota a la coherencia con las recomendaciones semestrales de cada país, si van a cumplir con el objetivo de fortalecer el crecimiento, la creación de empleo y la capacidad de recuperación económica y social; y, por supuesto, su «contribución efectiva» a las transiciones verde y digital. Y ahí no acaba todo. Tras el filtro de la Comisión, los planes entrarán en el Comité Económico y Financiero (integrado por los Veintisiete) que dispondrá de un mes para darles el visto bueno.