Sindicatos y Gobierno sostienen que el cierre de la fábrica de aluminio de San Cibrao no depende del precio de la luz
20 jun 2020 . Actualizado a las 22:22 h.Alcoa avanza como una apisonadora en el proceso de despido colectivo de 534 trabajadores de su gran complejo industrial en España, situado en San Cibrao (Cervo), cuya cuenta atrás comenzará el día 25, y discurrirá a lo largo de un mes de negociaciones con los sindicatos. La multinacional asegura que el ERE y el cierre de la fábrica de aluminio primario, la única que queda en España, son inevitables, porque acumula dos años seguidos de pérdidas, que se repetirán este 2020, y que sumarán 175 millones.
La empresa atribuye parte de la culpa de esta crisis al Gobierno porque no garantiza incentivos suficientes para que el precio de la electricidad sea tan competitivo como en años anteriores. Aunque también reconoce que el negocio en sí del aluminio está de capa caída en todo el mundo. La conjunción de ambos factores, explica la compañía, ha precipitado la decisión fatal. Tan mala es la situación, que el grupo asegura que ni siquiera la venta de la fábrica es factible.
Sin embargo, algunas voces sindicales consideran que «a Alcoa no le vale ni que le regalen la electricidad. Es una decisión de grupo», manifestó Agustín Martín, secretario general de la federación nacional de industria de CC.OO., en el Congreso. «Por eso no quiere abordar ninguna solución para la fábrica, solo quiere deslocalizar», señaló.
En octubre pasado, la multinacional anunció una estrategia global para revisar la mitad de su cartera de aluminio primario en todo el mundo, que incluye posibles recortes de producción, cierres o desinversiones. Desde entonces, ya ha echado el cerrojo a una planta en Estados Unidos, y ahora quiere hacer lo mismo con San Cibrao. Además, en el 2019 vendió las de A Coruña y Avilés.
También las ministras para la Transición Ecológica y de Industria, Teresa Ribera y Reyes Maroto, respectivamente, aseguraron que el problema de la fábrica de aluminio ya no era el precio de la energía, sino una cuestión de mercado y de estrategia empresarial, restando así responsabilidad al Gobierno en la resolución de la crisis.
El Ejecutivo apuesta por buscar otro inversor. Los sindicatos, también, pero que la operación la tutele el Estado interviniendo antes la propiedad.
Pero aunque el cierre de San Cibrao dependa o no realmente del precio eléctrico, sí es un factor esencial para evitar otras crisis industriales. La presidenta de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Teresa Rasero, intervino este viernes en la comisión de Industria del Congreso para pedir al Ejecutivo que, como medidas inmediatas, convoque ya la subasta de interrumpibilidad para el segundo semestre -el 1 de julio se quedan sin incentivos por la prestación de ese servicio al sistema- y eleve el presupuesto de las compensaciones de CO2 desde los 6 millones actuales a los 275 que permite la normativa europea. Ambas medidas dependen del Ministerio para la Transición Ecológica, que se está mostrando reacio a contentar a la gran industria. En parte porque el mercado eléctrico ya no es el que era por la crisis del coronavirus y, pese a que ha recuperado algo de fuelle, los precios se mantienen un 42 % más bajos que hace un año. Además, durante estos tres últimos meses de estado de alarma las empresas han tenido facilidades para abaratar su gasto eléctrico ajustando la potencia contratada.
