Los nuevos incentivos eléctricos para la industria no satisfacen a casi nadie

Xunta y sindicatos consideran insuficientes las medidas, y la patronal no se pronuncia

El comité de Alcoa en San Cibrao colocó lazos azules en Xove para reclamar apoyos al sector
El comité de Alcoa en San Cibrao colocó lazos azules en Xove para reclamar apoyos al sector

redacción / la voz

El Gobierno desveló el lunes el contenido del borrador de estatuto para las industrias electrointensivas (con un elevado consumo de energía, como Alcoa) en petit comité, al contárselo a las patronales del sector (AEGE y Unesid) y a representantes de UGT y de CC. OO. Las primeras prefieren no valorar el impacto de las medidas en tanto no tengan el documento en sus manos. Y los segundos ya han anunciado que los mecanismos prometidos para contener el precio eléctrico de las industrias les parecen insuficientes y que presentarán alegaciones cuando se abra el período de exposición pública.

El comité de Alcoa en San Cibrao estima que la rebaja podría alcanzar los 12,5 euros por megavatio hora, pero serían precisos 20.

Para la Xunta, que tampoco maneja todavía el texto definitivo, el estatuto ni colma sus expectativas ni garantiza un precio competitivo a las empresas. ¿Por qué? Porque la dotación económica prevista por el Ejecutivo central «es la mitad de lo que había en el 2017 y con más empresas beneficiarias». Ese año citado por el conselleiro de Industria, Francisco Conde, las empresas con un elevado consumo de energía se repartieron 525 millones en la subasta de incentivos a cambio de prestar el servicio de interrumpibilidad. El borrador de estatuto prevé una inyección económica anual de 260 millones, según fuentes del Gobierno citadas por distintas agencias. Es decir, la mitad que hace tres años. Sin embargo, si se compara esa cantidad con la distribuida en el 2019 (196 millones), el sector sale ganando.

Pero, más que por la cantidad de incentivos que logren equiparar el precio de la electricidad en España con el que pagan en el resto de países europeos -que también-, el sector clamaba por un marco regulatorio estable y predecible, que les permitiese saber de antemano a qué atenerse para planificar su producción anual e inversiones con antelación. El borrador de estatuto -el segundo presentado por el Gobierno en menos de un año- intenta proporcionar esa estabilidad de la que carecían las subastas de interrumpibilidad. El modus operandi más reciente del Gobierno en ese último caso era celebrar una puja a mediados y otra a finales de año para adjudicar incentivos para los seis meses siguientes. El sector reclamaba subastas a más plazo, a dos o tres años. Ese mecanismo de compensación del precio eléctrico para la gran industria está condenado a la desaparición. En diciembre pasado se convocó la última puja de forma extraordinaria, según reconoció el propio Ministerio para la Transición Ecológica, mientras no se aprobase una alternativa en forma de estatuto. Los fondos adjudicados fueron unos exiguos 4,38 millones a repartir en los seis primeros meses de este 2020. Menos que nunca.

Ahora el Gobierno propone sustituir esas subastas -cuestionadas por la Comisión Europea- por tres mecanismos de compensación. Uno supondrá una rebaja directa en la factura eléctrica por la exención del pago del 85 % de los cargos con los que todos los consumidores financian las primas a las energías renovables y a la cogeneración de alta eficiencia, así como el extracoste de los territorios insulares; pagarán 90 millones menos anuales. Otra de las medidas ya existe: las industrias reciben compensaciones por los costes indirectos de comprar dióxido de carbono (CO2) para contaminar. Este dinero va a Presupuestos del Estado, no a factura de la luz. En el 2019 se repartieron 172 millones. No hay una partida fija, de hecho en el 2018 fueron 84.

Esos mecanismos de compensación beneficiarán a 600 empresas, de las 250 actuales. Una treintena de ellas son gallegas. Como las fábricas de Cee y Dumbría, que aún conservan el nombre de su anterior dueño, Ferroatlántica. Los nuevos propietarios (el fondo TPG) explican que analizarán el impacto del estatuto. Pero mantiene su plan de inversiones de 14 millones.

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El BNG ve «insuficiente» el estatuto electrointensivo Así lo ha asegurado el diputado nacionalista en el Congreso, Néstor Rego.

Contratos de suministro a largo plazo con plantas renovables

Aparte de la inyección económica vía Presupuestos (para compensar el gasto de comprar derechos de emisión) y de la rebaja en la factura con la exención parcial de los cargos para financiar renovables y sistemas extrapeninsulares, el Gobierno prevé un tercer mecanismo. Se trata de actuar como avalista para que las industrias electrointensivas firmen contratos de suministro directamente con plantas productoras de electricidad renovable. El Gobierno trata de fomentar así los acuerdos de compra de energía (en inglés, power purchase agreement, o PPA). Son un instrumento para financiar la construcción de plantas de generación eléctrica al que están recurriendo los promotores de forma cada vez más frecuente. El aval que presentan en el banco para que les preste el dinero es un contrato a largo plazo con un cliente que comprará la energía que producirá la instalación y que proporcionará unos ingresos durante un largo período de tiempo. En el caso de los PPA para la industria electrointensiva, el Gobierno accede a que la garantía del acuerdo la aporte la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) como refuerzo.

Las industrias quedarán obligadas a contratar un mínimo del 10 % anual de su consumo durante cinco años.

Tres grandes sectores

Según Colpisa, el estatuto beneficiará a 612 empresas de tres grandes sectores. Cementeras y cerámicas suman un 40 % del total; seguidas por la industria química, con 134 negocios (casi un 22 %); y metalurgia y siderurgia, con 81 fábricas, un 13,2 %, ubicadas sobre todo en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco.

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