La plantilla de Guerral espera cobrar más de 100.000 euros pendientes
LA GALICIA ECONÓMICA
Satisfacción por la venta de la nave a una empresa dezana
31 ene 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La venta de la antigua nave de la empresa textil Confecciones Guerral, en el polígono Lalín 2000, al grupo industrial Mejuto Termodinámica Automática, fue muy bien recibida por sindicatos y trabajadores. Una vez oficializada la venta, la antigua plantilla espera poder cobrar cuanto antes la deuda salarial que mantenían con la empresa y que supera los 100.000 euros. En concreto son 111.520 euros lo que se adeuda a una treintena de trabajadores según el último informe emitido por la administración concursal, el noveno desde el inicio del proceso de liquidación.
Xabier Aboi, de la Intersindical Galega, ponía el acento en el hecho de que «o tema dos concursos de acreedores é moi lento» y que llevaban tiempo esperando que se produjese la venta de la nave, que constituía el principal activo de Guerral y que podía proporcionar el dinero necesario para que los trabajadores pudiesen cobrar.
Considera también una buena noticia que en este caso la nave haya sido vendida a una empresa de la comarca de Deza señalando que «é importante que sexa alguén de Lalín, da zona, que monte unha produción». Apunta que en este caso la empresa compradora necesita la nave para ampliar sus instalaciones y que redundará también en la creación de riqueza. La adquisición fue realizada por el grupo industrial Mejuto Termodinámica Automática, que aglutina a las firmas Megodeza y Mejuto Industrias de Refrigeración.
En su momento, los ex trabajadores de Confecciones Guerral cobraron la indemnización que les correspondía por despido a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), tras la realización de un expediente de regulación de empleo, pero tenían aún pendientes sueldos adeudados. Esperan que en las próximas semanas, antes de que acabe el mes de febrero, los trabajadores puedan cobrar. A esa treintena de trabajadores que se recoge en el informe concursal, se les reconocía un total de 188.411 euros de salarios adeudados, de los que quedaban pendientes de pago esos 111.520 euros.
El abono de las indemnizaciones sumaba un total de 391.109 euros. En este tiempo, el Fondo de Garantía Salarial pagó a los trabajadores 388.570 euros correspondientes a las indemnizaciones por despido y 76.890 euros de salarios. A una trabajadora le quedaría pendiente por cobrar algo más de 2.000 euros de indemnización, a los que se suman otras pequeñas cantidades que no llegan a los 100 euros cada una para otras dos trabajadoras.
En el informe concursal se recoge que en esos momentos estaba aún pendiente un juicio relacionada por la demanda presentada por una empleada de la firma textil que desarrollaba su trabajo en Santiago de Compostela y cuya vista estaba previsto que hubiera tenido lugar el pasado día 27. El de otra trabajadora de Lugo fue fijado aún para el 4 de noviembre de este año.
Una plantilla de 32 personas, incluido el personal de tiendas
El concurso de acreedores de Confecciones Guerral se inició el 16 de septiembre del 2014, pero no fue hasta octubre del 2017 cuando el Juzgado de lo Mercantil decidía iniciar la fase de liquidación de la firma, que fue en su momento solicitada por las propietarias de la misma en el mes de agosto de ese año. A finales de noviembre del 2017 se abrió de facto el proceso de liquidación.
En su solicitud de concurso la empresa lalinense declaraba en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra por aquellas fechas una deuda de 2,4 millones de euros. Se estimaba exactamente un pasivo de 2.455.929 euros. Sus bienes alcanzaban, también en aquel momento, un valor estimado de 3.332.428 euros.
Los sindicatos cifraban en 32 el número de empleados que tenía la empresa textil lalinense en el momento de la liquidación. Parte del personal, menos de media docena, eran trabajadoras de las tiendas que la firma tenía en Pamplona, Lugo y Santiago. En plantilla estaban también la hija y el yerno de una de las propietarias. Los trabajadores cobraron del Fogasa a mediados del año 2018. El Fondo de Garantía Salarial les pagó una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un tope de doce.
La firma mantuvo a un trabajador hasta la formalización de la venta
Aunque el grueso de la plantilla fue despedida hace ya tiempo, la administración concursal resolvió mantener a algún empleado a cargo de la fábrica para evitar la entrada de amigos de lo ajeno o un posible desmantelamiento. En un primer momento fueron dos las personas encargadas de esa tarea y, pasado un tiempo, solo quedó una que permaneció en su puesto hasta que se oficializó y formalizó la venta de la nave y la propiedad ya pasó a otras manos.
Mientras, en todo ese tiempo, entre las tareas a desarrollar se encontraba, apuntaban representantes sindicales, la de realizar un inventario de todos los bienes que contenía la fábrica y velar por el buen estado de las instalaciones, a lo que se sumaba la maquinaria, el mobiliario y el resto del material que albergaba.