Los concellos disparan un 60 % los ingresos por el IBI rústico

Galicia es la comunidad donde más creció la recaudación


SANTIAGO / LA VOZ

En el 2012, en plena crisis económica y sin que se atisbara todavía el horizonte de la recuperación, los habitantes del medio rural gallego pagaban a sus respectivos municipios apenas 8,9 millones de euros en concepto de IBI rústico, el recibo popularmente conocido como contribución. Cinco años después, con una cifra muy similar de recibos (1,1 millones), la recaudación se eleva hasta los 14,5 millones, tal y como constatan los últimos datos actualizados por la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda. Es decir, en apenas un lustro, la cantidad que pagan los habitantes del medio rural ha crecido un 63 %, lo que coloca a Galicia como la autonomía en la que más han crecido los ingresos.

Este incremento se explica, en gran medida, porque las instalaciones de uso agroganadero que no venían pagando han pasado a tributar como consecuencia del plan de regularización catastral que puso en marcha Hacienda en el 2013, que concluyó en el 2018, y que buscaba luchar contra la economía sumergida. En Galicia se descubrieron cientos de naves, galpones y cubiertas para el ganado inexistentes a ojos tributarios. Esto es, que no pagaban y pasaron a hacerlo.

«Si había un establo en una finca y se encontraba sin regularizar, entonces el Catastro actualizaba el valor de ese inmueble y también de la finca», explica José Antonio Diéguez, propietario rural en el municipio de Chantada, que vio cómo en el 2014 tuvo que pagar 36 euros por un pequeño establo que antes no tributaba.

No obstante, no todo lo que se ha dado en llamar catastrazo rural tiene su origen en el programa de Hacienda para aflorar inmuebles en el campo hasta ahora ocultos.

Malestar en el rural

El Catastro recuerda que ellos se encargan de valorar un bien o un terreno, pero que es el municipio el que decide finalmente sobre los tipos del impuesto dentro de su ámbito competencial. «Estamos hablando de una subida que está fuera de la realidad socioeconómica que vive el medio rural gallego, con la valorización de unos bienes, como galpones y cobertizos, que están fuera del mercado, que no tienen actividad ninguna y que no es fácil que se puedan vender; esto está afectando fundamentalmente a la gente más mayor», explica Jacobo Feijoo, responsable de desarrollo rural de Unións Agrarias. La normativa en vigor permite a los ayuntamientos establecer un gravamen de entre el 0,3 y el 0,9 % del valor de la propiedad. Un establo grande valorado en 100.000 euros, por ejemplo, tendría que abonar por el IBI rústico 900 euros si se aplicase el tipo máximo. En el mínimo serían 300. Si el bien estuviese valorado en 50.000, el pago del impuesto oscilaría entre 150 y 450, dependiendo del gravamen que aplicase la administración local, lo que abre la puerta a otro debate: cómo construcciones de similar tamaño, pueden tener una fiscalidad bien diferente en función del municipio en el que se encuadren.

Algunos concellos dan el paso y contemplan bonificaciones de IBI para ganaderías

M.Cuadrado

En algunos como Trabada, unas 70 granjas se beneficiaron de descuentos de hasta el 95 %

El gran impacto de la regularización catastral llevó a algunos concellos gallegos a valorar la aplicación de bonificaciones en el cobro del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a titulares de instalaciones agroganaderas. En comarcas como A Mariña, el Concello de Trabada modificó la ordenanza municipal y aprobó ya en el 2017 aplicar una bonificación de hasta el 95 % del impuesto a las explotaciones agroganaderas y un 50 % a los inmuebles mixtos, los que comparten vivienda y establo u otras dependencias vinculadas a la actividad primaria. La regidora trabadense, Mayra García, justificó la medida por ser el sector agroganadero uno de los que más empleos directos e indirectos genera y aseguró entonces que se beneficiarían de esta decisión alrededor de setenta explotaciones. Declaró de utilidad pública estos inmuebles como paso previo a la bonificación. También el de Barreiros, otro municipio donde el sector agroganadero tiene mucho peso, aprobó en el 2016 la bonificación del 95 %, la máxima permitida. A éstos se sumó el de Mondoñedo, que acordó en el 2016 modificar la ordenanza, lo que permitiría la reducción del 0,75 al 0,64 del tipo impositivo del IBI para bienes de naturaleza rústica y la bonificación para bienes en suelo rural «fixando esta bonificación de xeito estable no 20 % da cota». Sin salir de la comarca mariñana, en Foz se acordó en septiembre del 2018 una iniciativa para bonificar hasta con un 95 % el IBI a las explotaciones agroganaderas, a las asociaciones vecinales y a las familias numerosas. 

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