Solo 200 arruinados gallegos confían el perdón de sus deudas a la ley de segunda oportunidad

La lentitud y complejidad legal dificultan el rescate de insolventes


vigo / la voz

¿Está en la ruina? Si usted es particular o autónomo, no tiene antecedentes penales, su deuda es inferior a 5 millones de euros y no ha sido declarado culpable de ninguna quiebra anterior, tal vez esté de suerte. Solo tal vez, porque la ley de segunda oportunidad, ideada para poder exonerar las deudas contraídas con acreedores que no sean Hacienda o la Seguridad Social, confirma su fracaso tras casi tres años de su entrada en vigor en España.

En todo este tiempo, varios miles de particulares o trabajadores por cuenta propia se han declarado en situación de insolvencia o ruina en Galicia, pero solo 218 se han acogido a la ley de la segunda oportunidad.

No hace falta tener un negocio que vaya mal para tratar de sacudirse las deudas por este cauce legal, todavía muy desconocido.

En muchos casos, se trata de familias que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, comercios embargados o cuentas bloqueadas por impagos de tarjetas de crédito o minicréditos, según se desprende de la información de los pocos despachos de abogados que tramitan este tipo de casos.

«Muchos abogados rechazan estos casos porque no logran cobrar sus honorarios» Galicia es la octava comunidad con más fracasados que han solicitado acogerse a esta vía legal, lo que representa el 2,8% del total en España, según un balance publicado por el gabinete legal Repara tu Deuda, que eleva a 7.540 los casos de ruina en toda España que en estos últimos tres años han pedido encauzar su viabilidad a través de la ley.

Pocos casos de éxito

Hay casos de éxito. Por ejemplo, desde un despacho de abogados de Vigo ponen de ejemplo a Marcos R., un emprendedor que solicitó financiación para montar una franquicia de moda. Los bancos se la concedieron, pero el negocio no fue bien. El autónomo acudió al bufete con un endeudamiento de 500.000 euros con varias entidades financieras. «Lo importante en su caso es que no tenía deudas con la Seguridad Social ni con Hacienda, que no suele ser lo habitual», explican

a La Voz. Marcos consiguió un acuerdo gracias a esta circunstancia y firmar la exoneración, pero para volver a ser un emprendedor sin cargas económicas tuvo que hacer frente a costes de abogados, notarios y mediadores que no están al alcance de cualquiera, especialmente si existe una situación de quiebra, y que, en su caso, solventó con el apoyo familiar.

«Hay negocios en quiebra, familias que avalaron a sus hijos o que pidieron un microcrédito» «Para obtener el llamado beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, se ha de seguir un procedimiento muy complejo. Resulta paradójico que personas sobreendeudadas tengan que hacer frente al pago de multitud de costes como notario, cámaras oficiales de comercio, registros, mediador concursal y abogados, en un proceso que puede durar hasta tres años», apunta este despacho consultado, que pide anonimato porque ha decidido no asumir más este tipo de casos.

«Muchos colegas que han asumido causas de este tipo no consiguen cobrar sus honorarios, lo que hace que pocos quieran especializarse en la materia. Y ello redunda en la desprotección del concursado», aclaran.

Este hueco que dejan vacante los bufetes al uso ha sido ocupado por empresas especializadas como Repara Tu Deuda, que, por una minuta de entre 1.500 y 5.000 euros, se ocupan de pilotar el procedimiento.

Según explica Manuel Rodríguez, responsable de su departamento jurídico, «lo que más desmoraliza a los afectados es la lentitud de resolución del caso y que el 90 % de los intentos de acuerdo extrajudicial con los acreedores acaba en fracaso».

Coste económico

El coste económico que supone recurrir a la ley de la segunda oportunidad, la lentitud que conlleva y la complejidad que supone para los afectados hacen que buena parte de los expedientes que se empiezan a tramitar no consigan ir adelante.

«Llega un momento en que los requisitos y la burocracia pueden con las personas, y acaban tirando la toalla», dicen desde la Asociación de Emprendedores y Empresarios de Galicia (Ascega), que asesora a muchos afectados..

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