Una nueva guerra interna sobre el reparto de poder aboca a la CEG a otra parálisis

La patronal provincial de A Coruña se opone a dar en la futura junta el peso que exigen las entidades sectoriales


Santiago

En los últimos meses, todo apuntaba a que, tras un largo período de desavenencias internas, la patronal gallega enderezaría el rumbo con vistas a celebrar una asamblea que condujese a nombrar un nuevo presidente y acabar así con una situación inédita en las patronales de España. La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) lleva descabezada desde enero del 2018, mes en el que dimitió el coruñés, Antón Arias. Desde entonces, lleva provisionalmente en manos de una junta de vicepresidentes, es decir, dirigida por los presidentes de las cuatro confederaciones provinciales.

La hoja de ruta trazada en diciembre preveía que, durante este mes de febrero, se celebrase una asamblea general previa a las elecciones que sirviese para reformar los estatutos. Esa cita será el próximo 21 de febrero. Un cambio normativo que perseguía un doble objetivo: mejorar la representatividad de las organizaciones sectoriales en relación a las provincias y dotar al nuevo presidente de mayor margen de maniobra. Sin embargo, esa reforma, necesaria para que la patronal trace un nuevo rumbo y abandone la situación de provisionalidad, se ve ahora amenazada por una nueva guerra interna sobre el reparto de poder. Básicamente, por un motivo: la provincia de A Coruña, la que tiene más empresarios afiliados (unos 30.000), no está dispuesta a que las organizaciones sectoriales tengan los mismos puestos que ella en la junta directiva. Y esto, al menos por ahora, aleja la posibilidad de un acuerdo para que la asamblea dé luz verde a la reforma estatutaria.

Las sectoriales, según las fuentes consultadas, demandan seis miembros en la junta, idénticos a los que ostenta la confederación provincial que lidera Antonio Fontenla, y más de los que tienen ahora Pontevedra, Lugo y Ourense.

Las llamadas organizaciones territoriales creen excesiva esa pretensión porque recuerdan que las sectoriales no son exactamente empresas, como la Federación Gallega de Parques Empresariales, o el colectivo que agrupa a las firmas de distribución alimentaria.

Históricamente, una de las principales críticas de las empresas sectoriales a la patronal gallega era, precisamente, que se trataba de una organización rehén de las luchas territoriales por el poder, encarnadas en los históricos desencuentros entre los dos grandes polos económicos; el del norte, con A Coruña; y el del sur, con Vigo. «Una cosa es avanzar en el objetivo de dotar de mayor representatividad a las sectoriales, y otra darles un peso que no les corresponde», apuntan fuentes consultadas.

Esta desavenencia amenaza con bloquear la reforma de unos estatutos que pretendían facilitar el campo de juego para el futuro presidente, y evitar así lo sucedido con Antonio Dieter Moure y Antón Arias, que apenas pudieron aguantar en el cargo por la fuerte oposición interna. El cambio regulatorio, además de limitar a dos los mandatos, permitiría al futuro presidente rodearse de un equipo propio, lo que abriría la puerta a la presidencia de la patronal a un perfil de empresario independiente, alejado de las tensiones territoriales de A Coruña y Pontevedra, que siempre se han profesado un recelo mutuo. 

Los precedentes

El coruñés Antón Arias abandonó la presidencia de la CEG en enero del 2018, hace ahora ya más de un año, harto de las zancadillas de las provincias de Pontevedra y Ourense, y al ver que era imposible llevar a cabo su modelo. El empresario dijo adiós a la dirección de la patronal una vez logrado el crédito de 1,2 millones que garantizaba la viabilidad de la organización después de acometer un duro plan de ajuste. Con su marcha, la CEG se había tragado tres presidentes en menos de cinco años: José Manuel Fernández Alvariño, Antonio Dieter Moure y el propio Arias. Desde entonces, la CEG sigue descabezada.

La patronal lleva ya más de un año descabezada, un caso inédito

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