El crucifijo: ¿cultura o religión?

La clave de arco del consenso pacificador de 1978 consistió en proclamar, de un lado, un principio democrático esencial: que en nuestro país ninguna confesión religiosa tendría carácter estatal


La Constitución de 1978, desde hace un tiempo denostada por la extrema izquierda con tanto encono como falta de razón, sentó las bases para resolver los principales problemas políticos de una historia contemporánea tortuosa, en la que avances indudables se combinaron con sonoros descalabros. Entre esos problemas se situó de forma destacada el de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Su neta separación en nuestra vigente ley fundamental rompió, de hecho, con una historia constitucional marcada por la confesionalidad estatal, la ausencia de libertad religiosa y el creciente anticlericalismo que generó en España la mezcla de ambas realidades.

La clave de arco del consenso pacificador de 1978 consistió en proclamar, de un lado, un principio democrático esencial: que en nuestro país ninguna confesión religiosa tendría carácter estatal. Mientras, de forma paralela, se reconocía la realidad sociológica de la España del momento: los poderes públicos se comprometían a tener en cuenta las creencias religiosas de los particulares y a mantener relaciones de cooperación con la Iglesia Católica -mencionada expresamente en la ley fundamental- y las demás confesiones religiosas. Con ese gran acuerdo histórico se clausuraba un conflicto que había marcado como pocos la historia nacional, pero, claro está, no se cerraban todos sus frentes y perfiles, pues una cosa era decidir poner fin a cuarenta años de nacionalcatolicismo y otra muy distinta hacer realidad tal decisión en todas las esferas en que la separación de la Iglesia y el Estado debería acabar por concretarse.

Y ahí, claro, iban a surgir inevitablemente discrepancias, de mayor o menor grado, que, en todo caso, quedarían siempre muy lejos, por fortuna, de los duros enfrentamientos del pasado. Tal situación se vio influida, además, por la progresiva secularización de la sociedad española desde la llegada de la democracia y por la creciente aparición de otras confesiones religiosas (el Islam, de forma destacada) que iba a derivarse de la conversión de España, de un país de emigración, en un país de inmigración.

Entre esas discrepancias, la permanencia en España de simbología religiosa, y muy especialmente el mantenimiento de crucifijos en lugares oficiales, acabará por tener notable relevancia. Y es precisamente en ella en la que en un libro verdaderamente espléndido se centra Vicente Sanjurjo, para ofrecernos una completa información sobre un debate jurídico-político que no solo se ha planteado en España sino también en Estados Unidos y en otros países europeos. ¿Son los símbolos católicos, y, entre ellos, el crucifijo, una expresión religiosa incompatible con la aconfesionalidad del Estado o son una manifestación de la cultura de raíz judeocristiana que ha resultado esencial en la conformación del mundo Occidental? Ese es el debate en el que el profesor Sanjurjo centra una obra construida en gran medida sobre las aportaciones de la doctrina sentada al respecto por los tribunales españoles e italianos, por la Corte Suprema de Estados Unidos y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Puede olvidarse de este libro quien espere ese tratamiento burdo de las cuestiones religiosas al que estamos hoy acostumbrados en España. Quien, por el contrario, busque argumentos ponderados y reflexiones complejas sobre un tema tan fundamental como espinoso acertará con su lectura. Y disfrutará de una obra maravillosamente escrita por un jurista convencido de que el compromiso con los valores constitucionales no es incompatible ni con el rigor ni con la buena educación.

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