El ejecutivo local recuerda que trata de pagar deudas contraídas por el Partido Popular y el BNG
FIRMAS
El Concello de Ourense informará al Ministerio de Economía y Hacienda y a la Xunta de los motivos por los que no puede cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria, que desde el año 2012 exige a los ayuntamientos dedicar su superávit a pagar deudas con proveedores y bancos. Con respecto a los primeros, se verán obligados a recurrir a la Justicia para cobrar, en lugar del reconocimiento extrajudicial de sus facturas atrasadas, como pretendía el gobierno local. Esta solución generará intereses de demora y gastos jurídicos que elevarán aún más la cifra de 100.000 euros que supondrán también los intereses de los créditos no amortizados.
En su comparecencia de ayer ante los medios de comunicación, el concejal de Economía, José Ángel Vázquez Barquero, recordó, en relación a los proveedores, que gran parte de las facturas que el gobierno municipal pretendía pagar fueron generadas por el PP (se refirió a más de 400.000 euros adeudados desde el año 2006 a Aquagest por el fallido trasvase del Miño al Barbaña) y por el BNG cuando aún existía el bipartito (citó, por ejemplo, las obras de la «bouvette» termal sin pagar a Tragsa). El edil socialista concluyó que la actitud de ambos partidos es «frívola».
Nuevos presupuestos
Por otro lado, Barquero avanzó que la aprobación de los presupuestos del 2014 está únicamente pendiente de la fiscalización del interventor y preguntado por si el funcionario es un obstáculo, dijo que «está en el top a nivel de cualificación profesional».