La CIG pide a Caballero otra política social para evitar «a fame e a desesperación»


Aunque el sindicato nacionalista no se manifestó el jueves en la Praza do Rei contra las políticas sociales del gobierno municipal, no tardó mucho en sumarse a las reivindicaciones de la Rede de Solidariedade Popular. Al igual que estos colectivos, consideró urgente que el Concello «faga do combate contra ás gravísimas consecuencias da crise a súa primeira e máxima prioridade». Por este motivo cuestiona que el ejecutivo socialista de vía libre a otras actuaciones «mentras continuemos obrigados a convivirmos coa fame e coa desesperación pola falla de bens esenciais como a vivenda ou a electricidade».

Sin paños calientes, el secretario comarcal de la CIG, Serafín Otero, cuestiona las obras de humanización viaria, el programa estrella de Caballero desde que llegó a la alcaldía en el año 2007. Entiende el dirigente sindical que «humanizar pasa por poñer todos os medios e todos os recursos dos que dispón a administración municipal para axudar e dar solución á situación límite que padece un número moi importante de familias da cidade». Por ello pide un esfuerzo para garantizar «unha subsistencia digna» a todos los ciudadanos.

Cambio radical

Desde esta posición y además de sumarse a las demandas de la Rede, reclama de forma especial al gobierno municipal «que adopte as medidas que sexan precisas para resolver de maneira urxente as solicitudes das axudas de emerxencia municipal», el principal detonante de las protestas contra el Concello, recalcando que existe un colapso y una demora «intolerable» de varios meses en su concesión. La cifra de 3.000 expedientes sin resolver ha sido puesta sobre la mesa sin que el Concello la haya desmentido en ningún momento.

Al margen de la gestión municipal, critica igualmente la política de recortes del Gobierno central y retrasos igualmente importante en la concesión de las ayudas de la risga (renta de inserción social de Galicia, de la Xunta) de hasta ocho meses. Entiende el sindicato que así se pondría fin a «situacións que afectan directamente ás condicións de vida e a propia subsistencia material das persoas». Y como responsables señala a las fuerzas políticas que gobiernan en el Concello y en Galicia.

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