Cuando el 22 de diciembre del 2011, Alberto Ruiz-Gallardón tomó posesión como ministro pocos se imaginaban la cantidad de polémicas que iban a acompañar al titular de Justicia en sus primeros 28 meses de legislatura. En numerosas cuestiones, Gallardón ha conseguido que todo el mundo del Derecho olvide posicionamientos más o menos ideológicos y se movilice todas a una contra sus propuestas. La pretendida modificación de los registros civiles, que algunos califican de «privatización», o la Ley de Tasas lograron un rechazo unánime. Y de hecho, las movilizaciones se mantienen pese a que la primera iniciativa, en teoría, está aparcada tras un desencuentro con los registradores de la propiedad y la segunda se lleva aplicando, eso sí, parcheada por la presión social, desde diciembre del 2012. Más recientes son otras cuestiones polémicas, caso del anteproyecto de lo que debería ser la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que de nuevo ha azuzado la ira de buena parte de la sociedad con su planteamiento de fusionar los partidos judiciales en una única jurisdicción provincial, que en el caso de Pontevedra se ubicaría en la ciudad del Lérez. Y eso sin mencionar, la pretendida cadena perpetua revisable, la modificación de la justicia universal que ha permitido excarcelar a narcos, la reforma del aborto...