Fue el origen de la crisis del PSOE ourensano. El caso del funcionario que pide la compatibilidad laboral para dar clases en la Universidad de Vigo está lejos de ser una herida cerrada. En diciembre cinco ediles (Antonio Rodríguez Penín, María Devesa, Susana Bayo, Mónica Vázquez y Alfonso Vilachá) se levantaron del salón de plenos por no estar de acuerdo con la disciplina de voto. En ella se imponía votar en contra de la petición de compatibilidad de José Javier García Gago, funcionario municipal y representante de la CIG en el Concello de Ourense.
La situación, aunque con menor repercusión mediática, volvió a producirse a pequeña escala en la junta de gobierno del pasado 20 de febrero. En el orden del día se incluía la apertura de un expediente disciplinario a este trabajador por «incumprimento das normas sobre incompatibilades». Según se refleja en el acta de la reunión, de la votación se ausentó Vázquez, que abandonó la sala para no apoyar el expediente a García Gago. También se abstuvieron, aunque en este caso por tener un litigio pendiente con esta persona, el alcalde, Agustín Fernández, y la edila de Urbanismo, Áurea Soto. Presidió ese punto Vázquez Barquero.