La ley conocida como de Memoria Histórica, de 2007, puso las bases para el reconocimiento de las víctimas del franquismo. Los socialistas destacan que el PP ha incumplido sistemáticamente la citada normativa legal, y trató -añaden- de dejarla sin efecto por medio de cerrar las vías de financiación. En Lugo, tanto la Diputación como el Ayuntamiento de la capital han dado algunos pasos desde el punto de vista institucional, en una provincia que en muchos aspectos ha sido pionera en Galicia en el terreno de la recuperación de la memoria histórica.
De hecho, la provincia lucense fue uno de los ámbitos estatales en los que se inició el estudio científico de la represión franquista durante la guerra civil. La Diputación y el Concello favorecieron el acceso a la información pública sobre esta materia. A través de la página web del Concello se puede acceder a la relación más amplia de asesinados y represaliados del franquismo en el período 1936-1940, según la investigadora María Jesús Souto. La Diputación financió el estudio de la represión en el marco del Proxecto Voces e Nomes. Una de las primeras publicaciones fruto del citado trabajo sirvió como elemento probatorio en la demanda interpuesta por Darío Rivas por el asesinato de su padre.