María Devesa y Susana Bayo, arietes de su grupo en este nuevo golpe a la credibilidad del alcalde y su equipo, justifican su petición en el supuesto temor a cometer algún delito. «No se comprueban los informes de los expedientes, ni se debaten los puntos del orden del día, con el peligro evidente que ello conlleva», dicen las edilas del PSOE, que han visto crecer su sensación de «inseguridad jurídica» a raíz de un caso que afecta a su compañero Rodríguez Penín.
Apuntan Susana Bayo y María Devesa que en el acta de la junta de gobierno del 26 de diciembre, a la que ellas no asistieron, aparece una falsedad. Ese día, indican, se aprobó el acta de la sesión del 19 de diciembre, «en la que se dice que se ha aprobado un punto fuera del orden del día consistente en la retirada de competencias a Penín, acuerdo que nunca se votó y, por tanto, no se aprobó». Conceden que sí se aprobó un convenio con Aspanas.
La llamativa acusación que esas dos concejales han puesto por escrito ha generado un apreciable malestar en medios profesionales del Concello de Ourense, particularmente entre los funcionarios que asisten a las juntas de gobierno, en la medida en que, indirectamente, aparecen asociados a esa presunta irregularidad.
Diferencias entre funcionarios
En esta inesperada variable aparece, por otra parte, la llamativa coincidencia de que los funcionarios que asisten a las juntas de gobierno local -tanto el oficial mayor en funciones, José Manuel Dacunha, como también su sustituto Javier Freire- mantienen una conocida distancia con el asesor jurídico adjunto, Javier García Gago, que es el letrado municipal de confianza del grupo de los cinco concejales enfrentados al alcalde, que tienen como líder visible a Antonio Rodríguez Penín.
El inquebrantable apoyo que los cinco ediles han querido dar a García Gago, que es también sindicalista de la CIG, precipitó la crisis actual cuando estos concejales abandonaron el pleno municipal para no votar en contra de los intereses particulares del controvertido abogado.
En aquel pleno, los cinco concejales abandonaron la sesión alegando un supuesto deber de abstención, por cuanto habían tenido parte en el expediente de la compatibilidad, por firmar un escrito en el que destacaban la calidad profesional de Gago y que este permanecía a su disposición a cualquier hora.