Tres fueron las comunidades de montes que, en su día, acudieron a la Justicia para ver reconocidos sus derechos sobre el suelo que ocupa la base de la Brilat. En primera instancia, todas ellas -Salcedo, Figueirido y Vilaboa- vieron cómo sus demandas eran confirmadas.
Defensa recurrió ante la Audiencia. El Abogado del Estado presentó demasiado tarde la apelación con respecto a las 180 hectáreas de suelo de Salcedo y esta comunidad vio cómo los magistrados provinciales cerraban la vía judicial para los intereses del ministerio.
En el caso de Vilaboa y Figueirido, se anunció un recurso extraordinario de casación, pero la Audiencia desestimó esta posibilidad. Las quejas consiguientes del Abogado del Estado corrieron una suerte dispar. La referida al proceso de Figueirido ha sido desestimada por el Supremo y, por tanto, se ha declarado firme la propiedad comunal de las cerca de veinte hectáreas.
Con respecto a las quince, el alto tribunal anunció que revisará, en semanas venideras, parte de los argumentos de Defensa, los que aluden a si cabe la usucapión. Vistos los antecedentes, el resultado es previsible.