La institución abre diligencias previas sobre las presuntas irregularidades de Someso tras la denuncia de un particular
30 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El caso Relámpago, las presuntas irregularidades en la gestión urbanística de Someso, han dejado de ser un asunto local. El Tribunal de Cuentas, el órgano supremo de fiscalización de las cuentas y las gestión económica del Estado y la Administración pública, ha abierto diligencias preliminares sobre el asunto a raíz de la denuncia de un vecino de A Coruña. La decisión de iniciar una investigación fue comunicada a ese ciudadano mediante una notificación escrita con fecha del 24 de enero. El BNG de A Coruña también ha denunciado los hechos ante el organismo, pero remitió su demanda algunos días más tarde que el citado particular.
El denunciante tiene ahora un plazo de diez días para personarse en el procedimiento, que seguirá adelante independientemente de la decisión que tome. El escrito del Tribunal también ordena que se notifique a la Fiscalía su decisión de abrir diligencias preliminares.
La resolución del Tribunal de Cuentas de investigar no impide que se abra un procedimiento penal por los mismos hechos. Hay que recordar que el gobierno local ha remitido a la Fiscalía, a instancia de los servicios jurídicos municipales, el informe que encargó sobre la gestión urbanística de Someso. Ese documento, que describe numerosas presuntas irregularidades y estima unas pérdidas económicas directas para el Ayuntamiento en Someso de unos 20 millones de euros, habría motivado la actuación del órgano estatal.
La investigación del Tribunal de Cuentas dependerá de su Sección de Enjuiciamiento, que examina los actos contables de la Administración y comprueba si se adecúan a la normativa legal. En caso de que no sea así, esa misma sección se encarga de determinar la responsabilidad contable del gestor de fondos públicos. La normativa vigente obliga al pago de «daños y perjuicios» a quien «por acción u omisión contraria a la Ley originase el menoscabo de los caudales o efectos públicos».