La Xunta no le comunicó que la menor llegó a ser cambiada de centro
05 sep 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Una madre, que denunció haber pasado cinco años sin saber dónde se encontraba su hija, bajo custodia de la Xunta, será indemnizada con 2.000 euros. También recibirá la misma cuantía la hija, actualmente mayor de edad, que en su día formuló otra reclamación. Los instructores del expediente rechazan abonar daños y perjuicios por el tiempo que pasaron sin poder verse ambas personas y si, en cambio, porque la menor fue cambiada de centro en su momento sin que fuera informada su madre, que pasó largo tiempo sin saber dónde se encontraba su hija.
La resolución a la que ahora se llega es larga y se remonta al año 2005. En principio, fue la madre la que formuló la reclamación. En la misma, la afectada decía que la intervención prevista con su hija era de seis meses, sin embargo acabó finalizando cinco años después. En ese tiempo, alegó, nunca se llegó a fijar un régimen de visitas que permitiera la comunicación de la menor y su madre, a pesar de que la resolución administrativa indicaba expresamente que el régimen de visitas de los padres y otros miembros de la familia biológica debía ajustase a los horarios y directrices fijadas por el director del centro de protección en el que se encontraba acogida.
La madre presentó un escrito reclamando poder ver a su hija, pero nadie se lo contestó. En algún momento del proceso deciden llevarse a la joven del centro de Lugo donde estaba a uno de Bembrive, en Vigo, sin comunicárselo a la progenitora que se quedó sin la posibilidad de recurrir. La perjudicada especificó que esta circunstancia le generó una gran angustia, entre otras razones porque la Administración no le llegó a responder su petición de información sobre el lugar en el que se encontraba su hija.
Destaca también la reclamante en sus escritos que el 14 de noviembre de 2005 la Audiencia Provincial de Lugo dictó un auto instando a la Administración a que adoptara las medidas necesaria para que los padres, además de saber de dónde estaba su hija pudieran tener algún contacto con ella.
La madre también destacó que había informes médicos que cuestionaban la idoneidad de las visitas y decía que resultaba significativo que no se le citara a ella a efectos de valoración pericial. Consideraba también la perjudicada que la menor tenía familia, estaba escolarizada y no sufría malos tratos por lo que las medidas adoptadas con respecto de ella eran desproporcionadas y absolutamente infundadas. El caso procedía de un juzgado vilalbés.